"Debemos de estar muy atentos a que todo este proceso de descarbonización de la economía pueda llegar a plantear deslocalizaciones, lo que en ámbitos europeos se denomina fuga de carbono", señaló ayer el consejero de Industria del Principado, Isaac Pola, para quien "sería paradójico que un proceso de transición como este, en base a una decisión política, una decisión de la UE de liderar el proceso de transformación, tuviera efectos perniciosos como la deslocalización de actividades tales como la que se está planteando en Vestas en Castilla y León", donde la compañía danesa de aerogeneradores prevé cerrar esa fábrica española para trasladarla a China, país que está construyendo nuevas centrales térmicas de carbón y que es uno de los principales emisores de CO2. Mientras España apuesta por acelerar el proceso de descarbonización que impulsa la UE, adelantando el cierre de las centrales térmicas.

Pola, que dio una charla en la Escuela de Verano de UGT sobre la transición energética, cree que "sería absurdo expeler la actividad económica de nuestros territorios para luego comprar los productos fabricados en otras localizaciones con menores exigencias medioambientales", lo que en la práctica no contribuiría al objetivo de contención del cambio climático, siendo un "planteamiento un tanto nefasto".

El Principado aboga porque la transición energética "sea una evolución programada, no una revolución" y no está pensando en compensaciones por el cierre de térmicas, sino en alternativas ya que "la transición no debe plantear impactos de difícil subsanación sobre nuestra competitividad", lo que podría dañar a la industria regional, agregó Pola.

Según Pola, la transición energética tiene en el caso de Asturias implicaciones para la minería del carbón, para la generación termoeléctrica con el carbón y para el otros sectores de la economía por el aumento del precio de la energía. En este sentido, Isaac Pola recalcó que el carbón tiene "una aportación significativa en la contención de los precios de la electricidad", mientras que los precios más altos "los marca la energía hidráulica". El consejero sostuvo que los mecanismos de configuración de precios deberían de ser revisados porque "no responden a aspectos técnicos, sino a coberturas financieras de los grupos empresariales que participan en esos mercados".

Además del riesgo de deslocalizaciones por el aumento del precio de la electricidad si se cierran las centrales térmicas, Isaac Pola también aludió al aumento "artificial" del precio de los derechos de emisión de CO2 por la postura de la UE a este respecto y por las "maniobras especulativas de empresas, fondos y agentes que han conseguido triplicar en este ejercicio los precios de los derechos de emisión".

Mesa redonda

La jornada de ayer de la Escuela de Verano de UGT también incluyó una mesa redonda entre diputados autonómicos. Luis Armando Fernández Bartolomé, de Cs, resaltó que la elevada factura eléctrica se debe a impuestos, costes por "políticas erróneas" y el oligopolio del sector; Pedro Leal, de FAC, señaló que el cierre de térmicas se reflejaría en un alza del precio de la luz; Gaspar Llamazares, de IU, atribuyó los planes del Gobierno a las presiones de las compañía eléctricas, que quieren amortizar sus inversiones en ciclos combinados; Gloria García, del PP, sostuvo que están en peligro 25.000 puestos de trabajo en Asturias por posibles deslocalizaciones y Marcelino Marcos Líndez, del PSOE, reclamó que se tenga en cuenta la singularidad territorial de Asturias. Al debate no acudió ningún representante de Podemos.