El secretario general de UGT, José María Álvarez Suárez, calificó esta mañana de "escándalo" el alza del precio de la luz en España para los consumidores, arremetiendo contra las compañías eléctricas y exigiendo al Gobierno una intervención en el mercado y la entrada de capital público en alguna empresa del sector.

El líder ugetista hizo estas consideraciones poco antes de dar una charla en la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López "Lito", que UGT organiza estos días en Gijón. "Es una verdadera vergüenza que la luz en nuestro país haya subido casi un 25%. No hay ninguna razón para que eso sea así. Bueno, sí que hay una, que las empresas eléctricas se pasan por el forro las indicaciones, las obligaciones que tienen con la sociedad a la que están sirviendo y en ese sentido el Gobierno tiene que tomar medidas drásticas", señaló José María Álvarez Suárez, quien agregó que "hay que acabar con estos beneficios absolutamente escandalosos, indecentes, que tienen las eléctricas a cuenta de los consumidores de energía de nuestro país; necesitamos que el sector público regule todo el tema de la energía de manera drástica, porque España es un país que al contrario de lo que ocurre en Francia, en Alemania o en Italia, no tiene empresa pública de referencia en el sector energético, porque en su día se vendió Endesa de manera increíble y en estos momentos la compradora de Endesa, que por cierto es una empresa del Gobierno italiano, le ha sacado a nuestra empresa en torno a 50.000 millones de euros con la venta de las filiales que tenía o con el endeudamiento de la propia empresa".

El máximo responsable de UGT a nivel estatal apuntó al respecto que "estos errores hay que subsanarlos, intentando volver a entrar el sector público participando en alguna empresa eléctrica y con una regulación muy estricta que nos permita superar esta situación increíble: Un año de lluvias como el que hemos tenido, con los embalses llenos y resulta que el precio de la energía se continúa disparando".

Estos comentarios sobre el precio de la energía, que está en los máximos de la última década, las realizó en el marco de una valoración sobre los planes del Gobierno para acelerar la transición energética, que implica el cierre de las centrales térmicas de carbón, algo que desde UGT se ha advertido que repercutiría en nuevos incrementos en el precio de la energía.

Álvarez pidió que se haga una transición justa y en el tiempo y abogó por la compatibilidad de desarrollar las energías limpias con la pervivencia del carbón. En función de cómo se haga esa transición energética no sólo se verán afectadas las comarcas mineras y los empleos de las térmicas sino que "nos jugamos la industria; en el caso de Asturias nos jugamos la industria alta consumidora de energía, que según cómo vaya esto van a tener dificultades, y nos jugamos el precio al consumidor", recalcó en Gijón el líder ugetista.

Para José María Álvarez "la transición tiene que ser una transición justa y a mi me hace el efecto de que cuando se habla de transición se piensa en hacerlo ya, por lo tanto no hay transición y cuando se habla de justicia no se está pensando en los colectivos de personas, no sólo los que producen energía, sino también los que consumen energía, que van a ser objeto de dificultades como consecuencia de la puesta en marcha de este modelo".

Respecto a la minería del carbón, uno de los sectores que se podrían ver afectados en este nuevo escenario, Álvarez apuntó que "yo he estado con la Ministra, con la señora Ribera, y le hemos trasladado claramente que para nosotros transición y tiempo no incluye el cierre de las minas, no hay por qué poner una fecha al cierre de las minas de carbón, porque España es un país muy dependiente desde el punto de vista energético, porque las minas que se cierran no se van a volver a abrir o abrirlas tendría unos costes muy importantes para el país y porque hemos de pensar en términos de Estado si un sector estratégico como este lo vamos a dejar en manos de otros países, que van a determinar el precio y las condiciones del abastecimiento energético", recordando que Alemania tiene para su minería un plazo hasta 2050 cuando en España se está planteando 2018, situación de la que responsabilizó especialmente al anterior gobierno de Mariano Rajoy.