La familia Álvarez Meana avanza en la vía judicial para restaurar su honor después de que una acusación de acoso sexual denunciada por una exempleada -y hasta dieciséis escraches realizados ante la pastelería La Suiza por el sindicato CNT- les obligase a cerrar el negocio familiar de la avenida de Schultz. En abril, la Audiencia Provincial cerró definitivamente la acusación de abuso sexual y ahora es la trabajadora -que responde a las iniciales O. P. R.- quien deberá responder ante la Justicia por la supuesta comisión de una multitud de delitos por los que está siendo investigada: denuncia falsa, obstrucción a la justicia y contra la administración de justicia, además de los delitos de calumnias, injurias y amenazas por los que ya estaba imputada. Por la mayoría de estos delitos está acusada en compañía del secretario general de la formación anarquista y una veintena de sindicalistas.
Nada más recibir el auto judicial que dejaba libre de toda culpa del delito de abuso sexual al pastelero José Álvarez, comenzaron a interpone denuncias contra la exempleada, que ahora vive en Canarias. El Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón ve que en todo este proceso contra pastelería La Suiza "hacen presumir la posible existencia de delito de denuncia falsa", apunta la magistrada, acordó incoar diligencias previas y llamó a declarar a O. P. R. en calidad de investigada.
José Álvarez, personado en la causa como acusación particular, exigirá una condena de dos años de cárcel una vez se decrete la apertura de juicio oral contra la exempleada que le acusó de haber cometido un abuso sexual empleando para ello "móviles espurios", como explicitó el auto de archivo de la Audiencia Provincial.
La lista de acusaciones prosigue con los delitos de obstrucción a la justicia, contra la administración de justicia, amenazas, coacciones e injurias. En todos ellos comparte acusación con el secretario general de la CNT y hasta 26 sindicalista de la formación en una "macrocausa" por la que ya han ido declarando en los últimos meses ante la magistrada instructora.
La familia Álvarez Meana comenzó a sufrir los escraches en mayo de 2017 y solo duraron otros cinco meses abiertos al público. La ciudad estaba empapelada con carteles acusándoles de abuso sexual y explotación laboral a lo que se suman los escraches a la puerta del negocio familiar que se vio abocado al cierre tras 19 años abiertos al público. Los afectados siempre han sostenido que la CNT les exigió dinero a cambio de parar el boicot, pero no cedieron. Ahora buscan que la Justicia les de la razón.
