El gijonés acusado de acuchillar en la cara a su vecina y agredir al marido de ésta bajo el argumento de que le habían rayado el coche reconoció ayer los hechos ante el magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, que le impuso una pena de cárcel de tres años y once meses así como el pago de 10.920 euros por las lesiones causadas y las secuelas que le quedaron a sendas víctimas tras su agresión. La mujer del encausado, también procesada, logró evitar una pena privativa de libertad y su sanción se quedó en el pago de una multa de 80 euros.
Ambos matrimonios volvieron a coincidir ayer a escasos metros -existe desde hace un año una orden de alejamiento vigente- en los pasillos del Palacio de Justicia de Gijón, pero evitando cruzarse la mirada en todo momento. Al haber acuerdo, la vista oral no se llegó a celebrar y ni siquiera coincidieron en la misma sala, donde ambos reconocieron los hechos que se les imputaban.
El hombre, que responde a las iniciales J. E. M. y carecía de antecedentes penales, afrontaba una condena de seis años y nueve meses. No obstante, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular aceptaron como atenuante la reparación parcial de daño, pues de los 10.920 euros exigidos en concepto de indemnización el procesado depositó ya cerca de 2.000 antes de la vista oral. Eso motivó que al final fuese condenado por dos delitos de lesiones y otro más de amenazas, pues el cuchillo con el que hirió a su exvecina también se lo puso en el cuello mientras la arrinconaba contra una pared.
El matrimonio condenado vivía en el barrio de Nuevo Roces, en la calle Alicia Concepción, y como vecinos tenían a sus víctima. Pronto comenzaron las desavenencias con sus vecinos, a los que acabaron agrediendo. Tras el ataque -les fueron a buscar al trabajo, se pegaron y con un cuchillo hirió a la mujer- el Principado les retiró las ayudas por desempleo y de vivienda, lo que motivó que tuvieran que irse de su casa, además de por la orden de alejamiento que les impusieron como medida cautelar.
La abogada defensora del procesado, Flora Álvarez, solicitará que su cliente no ingrese en prisión una vez se ejecute la sentencia. El argumento no es otro que el económico, además de no existir riesgo de fuga alguno. "Si mantiene su libertad le será más fácil abonar la totalidad de la indemnización a sus víctimas que si está en prisión, explicó la letrada. No obstante, la pareja que fue víctima de su ataque no está por la labor de que evite la cárcel.
