"Buenas sensaciones". Esa es la conclusión más somera que se lleva el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, Adrián Arias, de su ronda de reuniones en el congreso con los diputados responsables de energía en los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, PSOE, PDCat y ERC. En estos encuentros, Arias buscaba "una solución a la desorbitada subida del precio de la luz, la cada vez más mayoritaria pobreza energética y la necesidad de una regulación más exigente con las empresas eléctricas".

"Consideramos que hay un consenso amplio en los grupos sobre la necesidad de importantes cambios en el modelo energético y su repercusión en los hogares", aseguró Arias después de las reuniones mantenidas durante el día de ayer, acompañado de miembros de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales.

"Hemos estado de acuerdo en que el actual modelo de subasta marginal sólo está beneficiando a las eléctricas y no a las personas", aseveró el representante vecinal gijonés. También confluyeron en entender que "elementos fiscales como el IVA en la factura, las dobles imposiciones o el impuesto al autoconsumo deben ser revisados en el corto plazo", así como que "el bono social tal y como está estructurado no está dando respuesta a los problemas de pobreza energética".

Tanto para los representantes vecinales como para los grupos parlamentarios, parece claro que "los y las vecinas estamos siendo rehenes de un oligopolio eléctrico que campa a sus anchas con el actual sistema". No obstante, aseguró Arias, "creemos que hay voluntad política de actuar en el corto, medio y largo plazo sobre ese sistema, y que el movimiento vecinal y asociativo tiene mucho que aportar".

Para ello, está previsto que esta ronda de contactos continúe en las próximas semanas, con reuniones con parlamentarios del PNV, PP, Ciudadanos y otros grupos con representación en el Congreso de los Diputados. En estos encuentros, los representantes vecinales insistirán en la necesidad de que establezca legalmente la consideración del suministro eléctrico como "un servicio público esencial al que tiene derecho toda la ciudadanía", que las comercializadoras "deberán estar sometidas al arbitraje de consumo" o reducir el IVA de la factura eléctrica del 21% actual a un 4%.