La Asociación de Padres y Tutores de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo, que gestiona el centro especial de empleo APTA, inicia esta mañana una ronda de contactos con los grupos municipales del Ayuntamiento de Gijón para solicitarles su apoyo de cara a agilizar las ayudas comprometidas por el Ayuntamiento de Gijón, de las que se beneficiaría el medio centenar de trabajadores de APTA que se encuentran regulados de empleo.
Los afectados son discapacitados psíquicos, a algunos de los cuales ya se les ha acabado el paro, y que se encuentran en sus casas ante la insuficiente carga de trabajo para ocupar a toda la plantilla, que tiene el centro especial de empleo gijonés.
En 2017 el Ayuntamiento había concedido una ayuda a asociaciones gijonesas para que contrataran trabajos a Apta en sus sedes, pero ese programa quedó bloqueado por trabas puestas al mismo desde el Principado. Después de darles vueltas al asunto, para que la ayuda no fuera considerada incompatible por el Principado, el Ayuntamiento anunció a la asociación de padres que optaría por un programa de becas que ocuparía a 21 trabajadores de APTA. La idea del centro especial de empleo es que se fueran beneficiando, de manera rotativa de esas ayudas, los más de 50 trabajadores regulados temporalmente de empleo.
La vicepresidenta de la asociación de padres, Jesusa Nuño, recordó que inicialmente les habían dicho que la nueva ayuda estaría lista para abril, luego para junio y finalmente, en una reunión que tuvieron con la Alcaldesa y dos de sus concejales el pasado mayo, que se pondrían en marcha en septiembre. En cambio, el programa no ha acabado de ponerse en marcha.
Ante esta situación, la asociación de padres solicitó el pasado jueves por escrito una reunión con la Alcaldesa, que aún no los ha emplazado. Mientras, entre hoy martes y el jueves, mantendrán encuentros con los grupos de la oposición. El presidente de la asociación había llegado a intervenir ante el pleno municipal, el pasado mes de julio, para pedir a la corporación que no se olvidase de la ayuda comprometida por el Ayuntamiento.
Los padres también insistirán al Ayuntamiento para que los contratos no sean de becas, sino laborales, lo que generaría cotizaciones sociales para los beneficiarios.
