Si la situación económica de la Zalia era límite, no mucho menos grave es la que sufre Lonja Gijón. La sociedad gijonesa se encuentra en una situación de desequilibrio patrimonial, debido al afloramiento de los impagos producidos por pescaderías durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
Precisamente por ello, y para revertir esta situación, Puertos del Estado ha dado el visto bueno a incluir en el plan de empresa de la Autoridad Portuaria de Gijón una inyección de 770.000 euros -la diferencia entre los 2.400.000 que van a la Zalia y los 3.170.000 totales- para Lonja Gijón.
Un préstamo que, no obstante, cuenta con ciertas condiciones, como la presentación de un análisis evolutivo de la sociedad, en el que se ha de contemplar su viabilidad futura, así como los reajustes necesarios a realizar en operatividad y estructura de cara a asegurar esta viabilidad.
Además, se estima que el préstamo tendrá una doble vertiente. De una parte, aproximadamente el 50% del mismo -alrededor de 300.000 euros- se hará efectivo en dinero líquido, mientras que, la otra mitad, se hará en bienes. Así, la Autoridad Portuaria dotará a la lonja de bienes muebles como cintas transportadoras, cámaras refrigeradoras o incluso material de oficina, con el fin de dotar de capital a la sociedad.
Un préstamo para el que se solicita a Lonja Gijón el establecimiento de una serie de garantías para su correcta devolución en el futuro. En cuanto a los bienes, si no se hiciera frente de forma efectiva al préstamo, estos retornarían a la Autoridad Portuaria.
En cuanto al dinero, el resto de accionistas deberán garantizar que devolverán la cantidad correspondiente a su porcentaje de participación en el capital aplicado a la cantidad líquida que presta la Autoridad Portuaria de Gijón antes de que finalice el periodo concesional, en el año 2028.
Por último, desde Puertos del Estado estiman conveniente recordar que la Autoridad Portuaria de Gijón, "aun gozando de una aceptable situación financiera", sigue sometida a un control del gasto a efectos de garantizar la devolución de la cuantiosa deuda contraída para su ampliación, que ascendió a 465 millones de euros, 400 de los cuales siguen pendientes de pago.
