La historiadora gijonesa Enriqueta Ortega Valcárcel, profesora jubilada del Instituto del Piles, abogó ayer por anular los juicios que llevaron a fusilar a cerca de 1.300 republicanos en Gijón y a encarcelar en la prisión de El Coto a 11.000 represaliados del franquismo entre 1937 y 1953.

"Lo primero que se tiene que hacer para reconocer a todos los que pasaron por la cárcel y a todos los que están en las fosas fusilados es anular los consejos de guerra definitivamente", señaló Enriqueta Ortega, una de las ponentes en la jornada sobre memoria histórica que organizó ayer el PSOE de Gijón en el Centro Municipal de El Coto.

Ortega señaló que las fosas comunes que hay en el cementerio de Ceares acogen a 8 mujeres y casi 1.300 hombres que fueron fusilados después de la entrada de las tropas franquistas en Gijón y que por la prisión de El Coto pasaron unas 1.000 mujeres y unos 10.000 hombres, en su mayoría asturianos. Los fusilamientos fueron más numerosos los primeros años y en fechas señaladas, como el 14 de abril.

La historiadora recalcó que fueron condenados por una dictadura que se sublevó contra una democracia y con juicios en los que "el encausado tenía un defensor que no lo defendía, cuando los testigos que llevaba eran castigados con una multa y el tribunal buscaba los testigos más negativos".

Ortega resaltó que las condenas afectaban también a las familias "porque incluso antes de ser detenidos la Falange se encargaba aquí de entrar en las casas a requisar a cualquier hora del día", a lo que se suma que eso llevaba a las familias a "dedicarse al estraperlo, al mercado negro y las detenciones por este motivo eran otra forma de castigo a los familiares, con multas que no podían pagar por lo que acababan también en la cárcel".

En la jornada también intervino Francisco Etxeberría, especialista en medicina forense de la Universidad del País Vasco quien destacó que en Asturias tanto el Principado como ayuntamientos han realizado actuaciones en el campo de la memoria histórica, algo que no ha ocurrido en todas las comunidades. El trabajo pendiente en Asturias, apuntó, es "actualizar el mapa de fosas y además de esto se tiene que estudiar mejor qué se va a hacer en el plano jurídico, que es una reivindicación que hacen algunas de las familias y de las asociaciones, para ver hasta qué punto todo esto lo queremos llevar a un espacio judicializado como puede ser la querella argentina o manejamos toda esta cuestión desde el discurso de los derechos humanos. Son dos visiones que no se excluyen, porque siempre existiría el derecho personal del afectado de poder recurrir a la jurisdicción penal si esto fuera posible, que yo veo difícil de todos modos".

Etxeberría recordó que en Asturias se tiene noticia de más de 300 fosas comunes. También valoró positivamente el nombramiento por el gobierno central de Fernando Martínez como director general de memoria histórica, persona procedente del campo de la historia contemporánea que "sabe perfectamente lo que son los derechos no atendidos" de los familiares de las víctimas.