Uno de los casos más mediáticos en los que trabaja actualmente el Juzgado de violencia de Gijón es el de Paz Fernández Borrego, la mujer gijonesa de 43 años que fue asesinada en Navia el pasado mes de febrero -su cuerpo apareció el embalse de Arbón (Villayón) varias semanas después-. Por este caso hay una persona en prisión provisional: Javier Ledo, que confesó ser el autor del crimen después de ser detenido por la Guardia Civil.
La instrucción de este caso permanece abierta y se siguen analizando los informes de Toxicología y de la Unidad de Criminalística de la Guardia Civil aportados a la causa tras las múltiples muestras que se tomaron en la vivienda en la que fue asesinada Paz Fernández, en la autopsia y en el vehículo en el que Javier Ledo trasladó el cuerpo sin vida de la mujer hasta el embalse. Además, a lo largo de este mes seguirán prestando declaración diferentes testigos. La instrucción, que por el momento no ha sido declarada causa compleja, sigue adelante hasta que sea un jurado popular quien dictamine sobre la responsabilidad de Javier Ledo, que tiene antecedentes penales por malos tratos, en la muerte de Paz Fernández, que era madre de dos hijos.
Fernández Borrego ha sido la última mujer gijonesa asesinada por violencia de género. No obstante, hay que remontarse hasta 2016 para encontrar el último caso ocurrido en el municipio. Fue el caso de Silvia Hernández, que murió tras una disputa con su compañero sentimental, Tino G. V. (está en libertad provisional), con el que mantenía una tormentosa relación, plagada de denuncias de uno y otro lado. Un jurado popular le condenó a cuatro años de cárcel por un delito de homicidio imprudente al entender que le clavó un cuchillo tras una acalorada discusión -él declaró que quiso evitar el suicidio de ella-, pero "sin intención de causar su muerte". La sentencia está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por todas las partes. De hecho, las acusaciones solicitaron en la vista repetir el juicio contra Tino G. V., al que atribuían un delito de asesinato.
Otro de los casos, también mediático, fue el de la hostelera Sonia Meléndez Mitre, asesinada por el que fuera su pareja y empleado Abdou Ndiaye, conocido como Makelele. Un jurado popular le culpó del asesinato y el TSJA le impuso 20 años de cárcel. Él se encuentra en prisión, a la espera del recurso presentado por su abogada ante el Tribunal Supremo.
