El Juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Gijón sigue trabajando a un ritmo frenético y estiman superar con creces los 1.200 procedimientos penales que tramitaron el año pasado. De hecho, según sus cálculos, las causas instruidas al terminar el 2018 se elevarán entre un cinco y un diez por ciento más, lo que vuelve a posicionar a este organismo como el tercer juzgado de España en esta materia con mayor volumen de trabajo. El riesgo de colapso es inminente pese al refuerzo de dos funcionarios que aprobó el Principado de Asturias, incorporados en el mes de julio, y apuestan por la creación de un segundo Juzgado de violencia en Gijón -incluye también los casos de Carreño- como única alternativa para que la gestión sea viable y resolutiva.
En 2017 fueron 1.158 asuntos los tramitados por este juzgado y se resolvieron otros 1.104 procedimientos, al margen de otro centenar de temas civiles. Esos números, ya de por sí elevados, se van a superar antes de final de año, en concreto, entre un cinco y un diez por ciento más. Esto conlleva una sobrecarga de trabajo notable para los nueve funcionarios -dos de ellos se incorporaron en julio- que integran este juzgado. Por el momento, y a base de horas extra, "la tasa de resolución de asuntos es muy alta, pero ya es vox populi que no podremos mantener mucho más tiempo este ritmo", lamentan desde este organismo gijonés que tiene al frente a la magistrada Estrella González Maroño desde su creación en Gijón hace ya ocho años.
La situación que vive el Juzgado de violencia -sólo superado en carga de trabajo por sus homólogos de Vigo y Palma de Mallorca- ha motivado que desde hace varios años reclamen la creación de un segundo juzgado de violencia en Gijón que desatasque la situación y evite el colapso inminente que ni las horas extra de los funcionarios evitará. Pero todavía no han tenido éxito. "Lo hacemos saber a todos los organismo e instancias, por escrito y verbalmente, pero como pasa casi siempre en Justicia nadie hará caso hasta que el juzgado sea incapaz de atender el volumen diario, se colapse y lluevan las quejas", temen los trabajadores.
La situación que viven a diario la ejemplifican comparando su actividad con el resto de Juzgados de Instrucción en la ciudad, que hay hasta cinco para repartirse las guardias de toda la semana. "La mayor parte de los días todos los detenidos en Gijón, o la mayoría de ellos, son para el Juzgado de violencia, que atiende más casos que el de Guardia, que lo atienden por turnos semanales los cinco juzgados de instrucción". Atender a todos los procesados que aguardan declarar en los calabozos se combina con el resto de sus múltiples funciones como la investigación de los casos, la toma de declaración de testigos, la elaboración de órdenes de protección o el papeleo judicial habitual, entre otros aspectos que convierten en maratonianas todas sus jornadas.
Tras meses advirtiendo de esta situación, y tras las promesas incumplidas, lograron que, a partir de marzo, se les pagase un complemento económico por las horas de más que trabajaban. En el mes de julio -tras anunciar el Principado de Asturias un gasto de 117.300 euros a compartir con el juzgado de Oviedo especializado en cláusulas suelo- lograron el refuerzo de su plantilla, que hasta ese momento estaba compuesto por solo cinco funcionarios, además de la juez y la letrado de la Administración de Justicia. Fue entonces cuando ingresaron dos nuevos funcionarios en las categorías de gestión y tramitación procesal. Unas medidas que, si bien recogieron "con alivio", ya tildaron de "insuficientes" tras hacerse oficial. Todo pasa, sentencian, por un segundo Juzgado de violencia.
No obstante, y pese a la cantidad de casos, desde este organismo judicial siempre han incidido que Gijón es una ciudad tranquila y segura. Lo hacen en base al bajo porcentaje de delitos graves que instruyen. De hecho, en 2017 solo uno de cada cien casos que entraron fueron por delitos graves, entendiendo como tales aquellos por los que se pide para el acusado penas superiores a los cinco años de prisión (lesiones graves, detención ilegal o tentativas de homicidio, por ejemplo).
Otra de sus reivindicaciones guarda relación con los recursos materiales de los que disponen. Por un lado programas informáticos antiguos y aparatos con décadas en funcionamiento. Tampoco ayuda a su labor que los funcionarios trabajen en una planta y la magistrada y la letrado de la Administración de Justicia tengan su despacho en otra. Ni siquiera han logrado un espacio común, al margen del resto de juzgados, para escuchar a las víctimas que denuncian episodios de violencia de género.
