La acusación popular en el "caso Musel", que ejerce el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan, asociación vinculada a Podemos) solicita ocho años de cárcel para 23 de los acusados por las supuestas irregularidades en la obra de ampliación de El Musel, al añadir un supuesto delito de malversación de caudales públicos a los de fraude y exacciones ilegales y prevaricación que había observado la magistrada del Juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en el auto que dio pie a la formulación de las acusaciones como paso previo al juicio oral.
Por ese supuesto delito de malversación, Ocan pide 5 años de cárcel (los otros 3 son por el supuesto delito de fraude y exacciones ilegales) para 23 acusados, entre ellos el expresidente y exdirector de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato; al exsecretario de Estado de Transporte, Fernando Palao; al expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas y a 19 directivos de la UTE Dique Torres y de las empresas que la integran, entre ellos los entonces adjunto al presidente de Dragados, Ernesto Pérez Moreno; consejero delegado y miembro del consejo de OHL, Rafael Martín de Nicolás y director general de FCC Construcción, Francisco García Martín.
Ocan no pide cárcel para otro imputado, el abogado del Estado Jefe de Asturias, José María Alcoba, para el que pide 10 años de inhabilitación para cargo público por un supuesto delito continuado de prevaricación. El mismo delito también lo atribuye a Rexach, Díaz Rato, Palao y Navas.
Responsabilidad civil
A Rexach y a Díaz Rato además les acusa de un segundo delito de prevaricación por la expropiación del Alto de Aboño, penado con inhabilitación.
Ocan reclama también que los 24 acusados indemnicen solidariamente al Estado con 250,92 millones de euros, que es la cuantía en la que se elevó el presupuesto de la obra de ampliación de El Musel con la modificación del proyecto. La acusación popular pide también que el expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, declare como testigo en el juicio.
También ha presentado sus conclusiones la acusación particular, que ejercen José Prendes y la Asociación de Vecinos del Alto de Aboño, que acusan al expresidente de El Musel de un supuesto delito de prevaricación por la expropiación del alto de Aboño para obtener rellenos para la obra de ampliación -actuación esta última que nunca llegó a ejecutarse- pidiendo siete años de inhabilitación para Rexach y una indemnización de 3,45 millones de euros para José Prendes. La acusación particular también pide que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de la Autoridad Portuaria de Gijón.
