Gijón paga casi el 30 por ciento del total de la cuota de saneamiento del Principado de Asturias, casi un diez por ciento más que el siguiente concejo de la lista, Oviedo. Esto es, alrededor de 15 millones de euros al año. Una cantidad significativa. Más aún para una ciudad que no sanea la mitad de sus aguas por falta de una depuradora en la zona Este, cuya estación de depuración de la zona Oeste no funciona al rendimiento que debería y que, además, vierte sus aguas a un emisario, el de Aboño, que cuenta con daños estructurales de calado.
Así se desprende de un informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias sobre el canon de saneamiento de las aguas publicado en el año 2013. El último documento publicado ya que, a partir de ese año, el canon fue derogado al entrar en vigor el Impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua.
En el documento se indica que Gijón es el concejo que más factura, un 29,72 por ciento, correspondiente a 15.066.435 euros. Una cifra sensiblemente superior a la del siguiente concejo, Oviedo, que paga algo más de 11.000.000 euros, correspondientes a un 21,72 por ciento. Y muy lejos de las cifras de Avilés -casi 4 millones de euros-, Siero -alrededor de 2,5 millones- y Langreo o Mieres, que rondan los dos millones de euros. Unas cifras eminentemente condicionadas por la población gijonesa, la más alta de todas y por la gran implantación de industrias de todo tipo en la ciudad. De hecho, Gijón tiene el segundo consumo industrial más alto, solo por detrás de Siero. Además, los habitantes de Gijón son los que más pagan al año por este canon: 39,26 euros. Un dinero cuya recaudación, como se explica en el documento, "quedará afectada íntegramente a la financiación de: gastos de explotación, mantenimiento y gestión de las obras e instalaciones de depuración de aguas residuales", y "gastos de inversión en esas obras e instalaciones".
La cuota de saneamiento (actual Impuesto sobre las afecciones ambientales del uso de agua) tienen una naturaleza mixta, con un carácter extrafiscal "para incentivar el consumo responsable de agua" y otra parte netamente contributiva "cuyo objeto es financiar los gastos públicos derivados del abastecimiento y saneamiento de aguas". Más aún cuando el Estatuto de Autonomía "atribuye al Principado la competencia en protección del medio ambiente" ya que "aunque corresponde a los municipios la prestación de servicios de tratamientos de aguas residuales, se ha hecho necesario acudir a un enfoque integrado y supramunicipal que permita conseguir economías de escala para afrontar el gran esfuerzo inversor necesario".
Llama la atención pues que el concejo del Principado que más paga para inversión y mantenimiento sea uno de los que más problemas de depuración tiene al respecto. Actualmente, Gijón es el principal punto negro de España por la falta de depuración de sus aguas, lo que supone una multa diaria de 60.000 euros por verter al mar aguas sin sanear. Y ello únicamente corresponde a la zona Este, donde la depuradora de El Pisón sigue judicialmente parada, sin entrar en funcionamiento y vertiendo las aguas sucias de 150.000 personas al mar.
En la zona Oeste de la ciudad la situación no es mucho mejor, con una estación depuradora, la de la Reguerona, que incumple la normativa europea y para la que se necesita una gran inversión. Además, la planta vierte sus aguas al emisario de Aboño que, como recientemente se hizo saber, tiene desde el año 2012 daños estructurales de gran calado, entre ellos la desaparición, detectada en 2014, de los últimos 150 metros de canalización submarina.
