El Consejo General de Dentistas actuará como acusación popular en el "caso iDental". La Audiencia Nacional, encargada de la investigación, aceptó ayer la petición presentada por el colectivo hace cuatro meses, cuando comenzó a destaparse lo que es ya a día de hoy una de las mayores estafas de este tipo en Europa. A partir de ahora, por tanto, el grupo de profesionales tendrá acceso a toda la documentación del procedimiento en curso desde el Juzgado Central de Instrucción número 5 con carácter confidencial.

Por otro lado, los afectados asturianos por el cierre de la empresa viajaron ayer a Bruselas para reunirse con los eurodiputados españoles en busca de una "presión política" que ayude a "agilizar un proceso que tanto el gobierno español como el asturiano se están tomando con mucha calma", según explicaron desde la plataforma de afectados de Gijón.

Óscar Castro, presidente del consejo citado, explicó que el interés de su colectivo en la investigación del caso reside en la gravedad de los delitos a los que puede enfrentarse iDental -administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y delito contra la salud pública-, así como en el impacto que esta presunta estafa ha supuesto para el país, dejando a decenas de miles de clientes afectados.

Estos implicados, de hecho, viajaron ayer hasta Bruselas para reunirse con los miembros de la Comisión Europea y con los eurodiputados españoles del Parlamento. Su mayor apoyo, de momento, es Tania González, de Podemos. "Fueron dos reuniones un poco vagas porque la gente entraba y salía, pero con Tania sí que conseguimos dejar alguna cosa clara. En la Comisión expusimos que somos víctimas de la mayor estafa sanitaria de Europa, y a los eurodiputados les pedimos que presionen al gobierno español y al asturiano para que se destine parte del dinero de los presupuestos a solventar los daños que el cierre de iDental nos ha supuesto a todos", resumió Mónica Merino, presidenta de la plataforma. Hoy, el grupo presentará por registro, con la ayuda de González, una petición para que su caso se someta a debate en el Parlamento Europeo.