Los colectivos vecinales de Gijón tendrán que esperar al menos hasta 2020 para saber si se van a cambiar de ubicación las estaciones de control de la contaminación de la red del Principado en la ciudad, cuyo emplazamiento ha sido criticado por la Plataforma contra la Contaminación, que considera esos medidores están colocados en lugares en los que registran niveles de polución inferiores a los que realmente soporta la población. Si tienen razón o no lo determinará el estudio para la evaluación del emplazamiento de las 23 estaciones que hay en Asturias de la red pública del Principado y de las 48 pertenecientes a empresas y autoridades portuarias, estudio que ayer fue licitado por la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado, con un plazo de ejecución de 20 meses. Una vez que esté ejecutado el contrato licitado ayer, le seguirán otros encargos para garantizar "una objetividad en los puntos de medida de la calidad del aire".
Todos estos trabajos, el licitado ayer y los que le seguirán, serán realizados por el Instituto de Salud Carlos III, organismo del Ministerio de Economía y Competitividad que tiene acreditada la exclusividad como laboratorio nacional de referencia de calidad del aire en España. Por eso, el estudio licitado ayer se va a contratar de forma rápida, mediante el procedimiento negociado sin publicidad. El precio de licitación es de 168.795 euros, IVA incluido, a pagar a lo largo de tres anualidades. La licitación se produce después de que la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana de Gijón (FAV) hubiera solicitado formalmente al Principado información sobre el encargo al Instituto Carlos III, que el gobierno regional había indicado hace más de un año que se efectuaría a lo largo de 2018. La Junta General del Principado había aprobado en octubre de 2017 por unanimidad una moción de IU para encargar el estudio.
La normativa española que regula el control de la calidad del aire, a través de un real decreto de 2011, obliga a revisar cada cinco años si el diseño de la red y la ubicación de los puntos de control siguen siendo válidos y óptimos, una documentación que puede exigir la Comisión Europea, a la que debe remitirse en un plazo máximo de tres meses.
El análisis que va a encargar el Principado al Instituto Carlos III también abrirá la puerta a poder utilizar "de apoyo a la evaluación de la calidad del aire" los datos que registran algunas de las estaciones de control de las industrias que se encuentran ubicadas en zonas pobladas. El Principado considera que esas estaciones industriales tienen su razón de ser en el control de las emisiones de las propias industrias, dado que se encuentran en sus inmediaciones. Algunas, caso de la de Monteana, también están en zonas habitadas, con lo que sus datos podrían emplearse para la evaluación de la calidad del aire que respira la población. "En ese sentido, se hace preciso también analizar y evaluar la conformidad del emplazamiento de las estaciones de inmisión de las empresas", se indica en la resolución con la que el Principado licitó ayer la contratación del estudio al Carlos III.
Los trabajos técnicos que ahora va a encargar el Principado al Instituto de Salud Carlos III "son la base de todos los estudios posteriores relativos a la calidad del aire (en Asturias), que deberán ser evaluados por el Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III, para garantizar una objetividad en los puntos de medida de la calidad del aire", según se indica en la propuesta de contratación firmada por la directora general de Prevención y Control Ambiental del Principado, Elena Marañón, el pasado 16 de noviembre.
Vecinos y ecologistas llevan años reclamando un cambio en las ubicaciones de las estaciones de control de la contaminación en Gijón, en especial la Avenida de La Argentina, en La Calzada, que estás encajonada entre edificios altos y lejos de las viviendas de este barrio más próximas a la zona industrial de Gijón, como son las del Cerillero. Esta estación arroja mediciones de contaminación sensiblemente inferiores a la unidad móvil instalada por el Ayuntamiento junto a la urbanización de El Lauredal, a apenas 400 metros y que al igual que las estaciones de las industrias no se tiene en cuenta para decretar alertas por contaminación.
