La demora en el encargo al Instituto de Salud Carlos III del estudio técnico que decidirá si es necesario cambiar alguna de las estaciones de medición de la contaminación atmosférica de Gijón, como reclaman desde hace años el colectivo vecinal y los ecologistas, ha caído como un jarro de agua fría en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), cuyo presidente, Adrián Arias, habla de "tomadura de pelo" del Principado por haber tardado más de un año en hacer el encargo al organismo estatal de referencia en el control de la calidad del aire.
El estudio abarca las 23 estaciones de control de la contaminación en Asturias de la red del Principado y las 48 pertenecientes a 11 empresas y autoridades portuarias. El contrato estará firmado antes de que concluya este año y tendrá un plazo de ejecución de 20 meses, esto es, habrá concluido en el segundo semestre de 2020. Los vecinos esperan que este estudio obligue a trasladar la estación de medición de la contaminación instalada en la avenida de la Argentina, encajonada entre edificios altos, y que registra niveles de polución sensiblemente inferiores a los que marca la unidad móvil que el Ayuntamiento ha estacionado junto a la urbanización de El Lauredal. Esos resultados dispares en medidores ubicados a apenas 400 metros uno de otro y el hecho de que los de la unidad móvil no se tengan en cuenta para decretar alertas por contaminación, han provocado las suspicacias vecinales.
Adrián Arias consideró ayer que "no es lógico que este informe que lleva anunciando desde finales de 2017 no hubiera sido ni licitado aún. Demuestra que Lastra sólo estaba ganando tiempo y riéndose de los colectivos regionales que denunciamos la contaminación" y que llevan tiempo reclamando este estudio.
El dirigente vecinal enumeró los últimos encontronazos con la consejería de Medio Ambiente: "Desde las palabras insultantes de Elena Marañón refiriéndose a las últimas nubes contaminantes que sufrió Xixón hace días o la bajada de contaminantes que anunciaron durante el incendio de las cintas de las baterías en Avilés. Ahora está situación es para nosotros la gota que colma el vaso", agrega en referencia a la demora con el estudio de medidores de contaminación. Arias considera que "el equipo de la Consejería vuelve a los tiempos de Belén Fernández: A negar los problemas, a minimizar lo evidente y ahora a no afrontar las medidas que lleva anunciando desde hace meses".
Dificultades para articular la fórmula administrativa
Desde el Principado se reconoció ayer que el encargo de este estudio ha sufrido un retraso que atribuyen a las dificultades para articular la fórmula administrativa mediante la cual encargar directamente el trabajo al Instituto de Salud Carlos III, el más capacitado del país. Cuando el Ministerio para la Transición Ecológica contrata los servicios de ese organismo, perteneciente a la propia administración central (el Carlos III, vinculado al CSIC, pertenece al Ministerio de Economía y Competitividad), lo hace mediante una encomienda de gestión. Sin embargo, al ser el Principado una administración diferente, no cabía la posibilidad de acudir a esa vía.
Al final se pudieron sortear los problemas jurídicos mediante un procedimiento de contratación negociado sin publicidad y con exclusividad, que se justificó en el hecho de que el Carlos III es el laboratorio nacional de referencia de calidad del aire. Encargar el trabajo a empresas privadas haría que sus resultados carecieran de validez oficial, señalan las mismas fuentes.
Para justificar la adjudicación directa al Carlos III se ha tenido en cuenta que este organismo realizará posteriormente estudios que tendrán como base los datos de los medidores de contaminación del aire cuyo emplazamiento se va a analizar ahora. En concreto, el Instituto de Salud Carlos III realiza periódicamente auditorías y calibraciones de la red de control de la calidad del aire del Principado (y de las del resto de comunidades autónomas) por encargo del Ministerio para la Transición Ecológica.
Ahora, el contrato estará firmado antes de que termine el año y aunque los trabajos se desarrollarán durante 20 meses, concluyendo en 2020, parte de los resultados ya se obtendrán en 2019, año en el que podría decidirse ya la reubicación de alguna de las estaciones de control de la contaminación del Principado, en el caso de que el estudio determine que su emplazamiento actual es erróneo. El encargo incluye la revisión de las 23 estaciones de control de la contaminación de la red pública del Principado y las 48 estaciones de control pertenecientes a 11 empresas y autoridades portuarias.
La primera parte del estudio será analizar las estaciones de la red pública del Principado, que son las que se tienen en cuenta a la hora de decretar posibles alertas por contaminación. Ese análisis estará concluido en 2019 y si alguna está mal emplazada, el Principado dará al Instituto Carlos III varias ubicaciones alternativas para reubicarla, para que el organismo estatal informe si esos emplazamientos son acordes o también incumplirían. Así, ese mismo año ya se podría decidir el traslado de alguna estación, señalan fuentes del Principado.
Asturias será la primera comunidad autónoma de España que encargue al Carlos III el análisis sobre la ubicación de los medidores de contaminación, lo que permitirá al instituto vinculado al CSIC establecer la metodología que seguirá en encargos posteriores por parte de otras comunidades autónomas.
