El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social tiene desde el pasado día 20 en sus manos la resolución del Ayuntamiento que le exige limpiar y arreglar la Casa Sindical y, de paso, le advierte de una clausura del inmueble de no cumplirse el mandato. La fecha del acuse de recibo la confirmó el equipo de gobierno local en comisión de Urbanismo a preguntas del concejal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola. La resolución municipal plantea al ministerio "la retirada inmediata de los enseres del salón de actos y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad, salubridad y ornato público".

El plazo que da es de "un mes contado a partir del siguiente al recibo de la presente notificación". Mismo plazo que tiene el Ministerio para legalizar las actividades que se desarrollan en el edificio y evitar una sanción. Así pues el ultimátum para la reforma o cierre de la Sindical ya está en marcha. La coincidencia del plazo del mes con un calendario lleno de puentes y festivos navideños lleva a Ciudadanos a prolongar hasta mediados de enero el plazo real para hacer efectiva la reforma. O clausurar la Sindical, que por primera vez se ve como un hecho factible.

La comunicación municipal ha llegado también a los inquilinos de la Casa Sindical que, por ahora, esperan sin éxito información del ministerio como propietario sobre las acciones que va a tomar. Un silencio que incremente la inquietud sobre el futuro del inmueble. En el edificio de la calle Sanz Crespo tienen ahora mismo sus sedes gijonesas cuatro organizaciones sindicales: Comisiones Obreras (CC OO), Corriente Sindical d'Izquierda (CSI), Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Confederación General del Trabajo (CGT). El mercadillo del salón de actos está vinculado a la Asociación Asturiana para el Fomento de la Economía Social y Solidaria, aunque en su momento el ministerio achacó a la CSI la responsabilidad sobre lo que ocurriera en esa parte del inmueble.

Sobre "Gijón-IN"

También Ciudadanos, a través de una pregunta, motivó ayer el debate en la comisión de Hacienda y Administración Pública sobre la gestión interna de proyectos de innovación que tiene entre manos el Ayuntamiento. No habrá cambios en el servicio de modernización pero la concejalía que lidera Ana Braña plantea que la coordinación de los proyectos del "Gijón-IN" y el Fondo Europeo de Eficiencia Energética se lleve desde la Dirección general económico-financiera, que encabeza Ignacio Sanz, con el apoyo del director general de Servicios, Manuel Díaz Muiña, y el viceinterventor, Leopoldo Méndez. Se trata de elevar el nivel sobre estas iniciativas en el organigrama de gestión municipal.

Un organigrama que sigue pendiente de la aplicación del Plan Reto (Plan de reforma y Transformación organizativa del Ayuntamiento de Gijón), que aún sigue en fase de negociación con los sindicatos pese a que debería llevar más de un año implantado, según denunciaba ayer la oposición tras conocer que se cerrará 2018 sin acciones.