La Autoridad Portuaria de Gijón está preparando el recurso de casación que va a interponer ante el Tribunal Supremo, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula los acuerdos del Consejo de Administración del Puerto que penalizaron a Enagás Transporte con 1,75 millones de euros por incumplir el volumen mínimo de tráficos estipulado en la concesión, en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2016.

El TSJA dio la razón a Enagás al considerar que el incumplimiento no era responsabilidad de la empresa concesionaria, sino que Enagás había tenido que cumplir el decreto ley mediante el que el gobierno central hibernó la regasificadora de El Musel en el año 2012. De ese modo, la planta nunca llegó a entrar en servicio.

El acuerdo de concesión establece unos tráficos mínimos de la regasificadora desde la culminación de su construcción, hecho que Enagás notificó al Puerto en febrero de 2013.

El Puerto está cobrando unos 3 millones de euros al año a Enagás por tasas de ocupación de superficie. En el caso de que la planta estuviera operativa, percibiría además del orden de otros 3,5 millones de euros anuales por tasas de operación y tasas al buque.