El accidente mortal que en mayo de 2014 le costó la vida al operario Agustín Garrido Menéndez, al perecer asfixiado mientras realizaba labores de soldadura en un depósito de gasoil del atunero "Paco C" que se estaba construyendo en Armón Gijón, "no habría sucedido de haberse seguido el protocolo de seguridad" existente. Al menos, así lo aseguraron ayer las defensas de los ocho acusados -administradores y trabajadores de mayor rango que el fallecido de la empresa Armón y la subcontrata Imprebal, para la que trabajaba el fenecido- en la última sesión del juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón.
Para cada uno de los acusados, la Fiscalía interesaba una pena de dos años y medio de prisión, que las acusaciones particulares -ejercidas por el padre y la pareja del fallecido- aumentaban hasta los tres años. Además, estas últimas partes incluían la acusación a los administradores de Armón.
Fue precisamente el abogado defensor de estos quien aseguró que en el momento del fatal accidente, "existía un protocolo de trabajo en espacios confinados -como era el lugar donde pereció Garrido Menéndez- realizado por una empresa externa de reconocido prestigio". Un documento que, aseguró el letrado, "era eficaz y correcto y, de haberse seguido, no se habría producido el accidente". Por ello, ahondó el abogado, el fallecido "incumplió sus obligaciones como trabajador, porque sabía que no podía realizar labores de soldadura y que no podía acceder a aquel espacio en solitario".
Una máxima con la que coincidió la defensa de los administradores de Imprebal, subcontrata a la que pertenecía Garrido Menéndez. "No consta que nadie le hubiera mandado realizar esta tarea", explicó el letrado, que enfatizó que "es una labor que no se puede hacer sin compañía", para acabar por asegurar que "todos los trabajadores tenían todos los medios de seguridad a su alcance y habían recibido un curso de prevención de riesgos laborales. Los trabajadores estaban formados e informados".
Así, las defensas de los ocho acusados solicitan la libre absolución de sus patrocinados. "Se está intentando criminalizar a una empresa que, en 35 años de trabajo, únicamente tuvo tres fallecidos", explicitó uno de los letrados.
