15 de enero de 2019
15.01.2019
La Nueva España

Díaz Rato y Rexach alegan que el Gobierno respaldó pagar los sobrecostes de El Musel

Sus abogados sostienen que están prescritos los hechos, por los que les piden 135 millones en el Tribunal de Cuentas, y que gestionaron bien la obra

15.01.2019 | 02:44
Díaz Rato y Rexach alegan que el Gobierno respaldó pagar los sobrecostes de El Musel

José Luis Díaz Rato y Fernando Menéndez Rexach, exdirector y expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, han alegado ante el Tribunal de Cuentas que la modificación del proyecto de ampliación de El Musel, para el pago de sobrecostes y prolongación del plazo de ejecución de la obra, tuvo "el respaldo del Gobierno de la nación", que autorizó la financiación estatal del modificado y solicitó a la UE nuevos fondos europeos para costearlo.

Ese es uno de los argumentos de los escritos que ambos exdirectivos portuarios han presentado ante el Tribunal de Cuentas para pedir el archivo o la desestimación de las demandas interpuestas por la Abogacía del Estado y por la Fiscalía para reclamarles más de 135 millones de euros por su gestión de la obra. La mayor parte de ese dinero es el que el Puerto tiene que ver con los sobrecostes de la ampliación, unos sobrecostes que las defensas atribuyen a causas sobrevenidas al tener que cambiar las canteras previstas para la obra y por los temporales.

Las defensas sostienen que la actuación de ambos directivos no sólo no acarreó ningún perjuicio para el Puerto, sino al contrario, entre otras cosas, con una liquidación de la obra en 93 millones menos del presupuesto aprobado para la misma con el modificado.

Uno de los problemas a los que se enfrentan las defensas, ejercidas por los abogados Viliulfo Díaz y Agustín Azparren, es que el Puerto comenzó a pagar sobrecostes de la obra de ampliación año y medio antes de que el Consejo de Administración de El Musel aprobara el modificado técnico del proyecto. En ese sentido, la defensa de Rexach señala que esos pagos se incorporaron al proyecto modificado aprobado con informes favorables de Puertos del Estado y que además se hicieron con el consentimiento expreso de Puertos del Estado, mientras que la de Díaz Rato señala que aquellos pagos se hicieron siguiendo instrucciones de Puertos del Estado tras la reunión que se mantuvo en marzo de 2006 con directivos de la UTE Dique Torres -la que construyó la ampliación- en el despacho del Secretario de Estado de Transporte, Fernando Palao.

Sobre por qué no se aprobó primero el modificado, Díaz Rato apunta que no se conocían entonces los costes exactos, debido a que se estaban realizando ensayos sobre la construcción de los diques y tampoco se conocía cuándo se iban a poder explotar las canteras inicialmente previstas en el proyecto de la obra.

La aprobación en diciembre de 2007 por unanimidad, en el Consejo de Administración del Puerto, de los sobrecostes y los informes favorables del modificado por Puertos del Estado, el Abogado del Estado y la IGAE son otros de los argumentos de ambos exdirectivos.

Además, Díaz Rato y Rexach resaltan que las certificaciones de obra se corresponden con el proyecto modificado, como apreció en su día la instructora del caso en el Tribunal de Cuentas.

Los dos exdirectivos esperan que el asunto no llegue a enjuiciarse en el Tribunal de Cuentas alegando que los hechos que se les imputan han prescrito, ya que se remontan a los años 2006 y 2007 y la demanda contra ellos se interpuso en 2018, excediendo los cinco años, plazo de prescripción.

Además sostienen que el Abogado del Estado no está legitimado para interponer la demanda, según Rexach porque Puertos del Estado sólo lo autorizó a personarse y según Díaz Rato porque el perjudicado es la Autoridad Portuaria de Gijón, que no demanda, y no Puertos del Estado. También alegan indefensión, al haberse instruido la causa sin darles audiencia.

Esta reclamación en el Tribunal de Cuentas se ciñe a las supuestas responsabilidades económicas de ambos excargos públicos. Se trata de un procedimiento paralelo a la causa penal instruida en la Audiencia Nacional. Los dos exdirectivos algún ahora que el Tribunal de Cuentas no les puede exigir responsabilidades debido a que en la Audiencia sólo se persiguen supuestos delitos de prevaricación y de fraude y no de malversación de caudales públicos.

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