La familia de Piedad Chico Cajas -la mujer de 70 años que murió atropellada por una furgoneta de reparto en la calle Puerto de Leitariegos, en el barrio del Polígono- logró ayer sentar en el banquillo de los acusados al conductor del vehículo después de que hasta en dos ocasiones la jueza de instrucción acordase el archivo y sobreseimiento de todas las diligencias. El hombre, que afronta dos años y siete meses de prisión por un delito de homicidio impudente que solo le atribuye la acusación particular, incidió ayer en "no vio en ningún momento" a la víctima cuando ésta cruzaba la calle y él arrancaba la furgoneta. El juicio quedó visto para sentencia.
El luctuoso incidente ocurrió en mayo de 2017. Se archivó la causa en dos ocasiones, exonerando de responsabilidad alguna al conductor, pero la familia logró que la Audiencia estimase sus recursos y ordenase continuar el procedimiento. También en dos ocasiones. Hasta instó a reconstruir el accidente. Todo ello llevó al conductor a sentarse en el banquillo, aunque tanto la fiscalía como el letrado de la compañía aseguradora -también su defensa- solicitan su libre absolución.
La vista oral se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón. Además del encausado, que respondió a preguntas de todas las partes, declaró la única testigo que aseguró haber presenciado el incidente y los dos agentes que realizaron el atestado. También un profesor de la Universidad de Santiago, por videoconferencia, que aseguró que existió un consumo de cannabis entre tres y nueve horas antes de tomarse las muestras de saliva, sin asegurar que eso influyese en la conducción. El análisis de saliva del conductor tras el accidente dio positivo en tetrahidrocannabinol, el componente principal del cannabis.
Tanto los hijos de la fallecida como el marido ya fueron indemnizados en su día tras el atropello mortal que sufrió Piedad Chico Cajas, muy querida en el barrio del Polígono. No obstante, queda todavía una parte que reclama el marido en concepto de lucro cesante y que asciende a los 49.600 euros.
A la pena privativa de libertad que solicita la acusación particular, de dos años y siete meses, hay que sumar la petición de prohibición de conducir cualquier vehículo a motor para el conductor de la furgoneta durante el mismo espacio de tiempo. El juicio quedó ayer visto para sentencia.
