En octubre de 2017 el parlamento regional aprueba una moción para encargar un estudio sobre la si las estaciones de control de la contaminación en Asturias están bien ubicadas o no. Trece meses después, el 29 de noviembre de 2018, el gobierno del Principado licita el estudio mediante un proyecto negociado, sin publicidad y exclusivo en el que se invita al único centro en España acreditado para realizarlo: El Instituto de Salud Carlos III, un organismo público estatal. El pasado 28 de diciembre la Consejería de Medio Ambiente declaraba desierto el concurso, desestimando la oferta presentada por el único organismo invitado porque la había presentado cinco días más tarde del plazo que le habían dado para hacerlo.
Podría parecer una inocentada, pero ese ha sido el desenlace del intento de encargo de uno de los estudios medioambientales que con mayor ahínco han venido reclamando los dirigentes vecinales gijoneses y los colectivos anticontaminación, que desde hace años denuncian que los medidores de contaminación en la ciudad están ubicados exprofeso lejos de las viviendas sometidas a unos mayores niveles de contaminación de origen industrial. El Principado hizo público el pasado martes la resolución por la que declara desierto el encargo al Instituto de Salud Carlos III. La Administración autonómica se había comprometido inicialmente a que ese estudio estuviera realizado el año pasado, tras su licitación en noviembre el plazo para su conclusión pasó a 2020, si bien con la previsión de que hubiera resultados intermedios.
Además de declarar desierta la licitación por la demora de 5 días en presentar la oferta, el Principado también ha resuelto anular el gasto presupuestado para la misma, de 168.795 euros.
