El Plan General de Ordenación de Gijón (PGO) sigue cerrando flecos a pocos días de su paso por el Pleno para lograr su aprobación definitiva tras más de cinco años de compleja tramitación. Su publicación en el BOPA acaba de oficializar la resolución tomada en diciembre por la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente considerando "ambientalmente viable" el documento a partir del análisis del Estudio Ambiental Estratégico.
La resolución de la Consejería da el visto bueno a las medidas fijadas en ese estudio pero, "adicionalmente y para garantizar la integración ambiental del Plan" fija otra serie de medidas a incorporar. Medidas que tienen que ver con los riesgos de inundaciones y geológicos, el cambio climático, los suelos contaminados, la biodiversidad, el patrimonio cultural, las emisiones de carbono o los residuos, entre otros. En lo que tiene que ver con las emisiones de carbono, la resolución establece que las licencias de edificación para bloques de viviendas, viviendas unifamiliares o instalaciones industriales deben establecer "una superficie mínima dedicada a paneles solares/foto voltaicos o un determinado porcentaje de energías renovables de autoproducción respecto a las necesidades estimadas por la Unión Europea en el marco del clima y energía para 2020 y 2030".
Además, la licencia de edificación de nuevos bloques debe incorporar la obligatoriedad de incluir preinstalaciones en los garajes para la recarga de vehículos eléctricos y también será obligatorio que los proyectos de urbanización incorporen un estudio comparado sobre la sostenibilidad económico/ambiental de las luminarias fotovoltaicas respecto a las luminarias convencionales para el alumbrado público.
Al suelo del Tallerón, Naval Gijón, Juliana o Cerámica Rubiera se hace mención expresa en el documento de la Consejería de Medio Ambiente al hablar de la exigencia de que se hagan estudios de caracterización de los suelos para ver sus niveles de contaminación. La exigencia se hace sobre proyectos de urbanización y desarrollo de espacios que han albergado actividades potencialmente contaminantes pero hay que recordar que el asunto también debe ser tenido en cuenta, y reflejado en las fichas urbanísticas correspondientes, en todas las Áreas de Planeamiento Propuesto (APP), Áreas de Unidad de Actuación (AUA), Sectores de Planeamiento Propuesto (SPP) y Núcleos Rurales donde se estima que exista ese riesgo de suelo contaminado.
Otro matiz. El Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental debe incluir que un organismo de reconocido prestigio haga un informe, con una periodicidad de cinco años, sobre el impacto del cambio climático en la costa gijonesa. El estudio debe incluir los indicadores de seguimiento y, si fuera necesario, la formulación de medidas de carácter urbanístico a implementar.
La resolución de la Dirección General de Prevención y Control Ambiental hace mención también a la necesidad de controlar al máximo, antes de permitir cualquier edificación, los espacios con riesgos de inundación o con riesgos geológicos. En cuanto a inundaciones, tendrán la consideración de espacios libres de edificación los que estén en las denominadas zonas de flujo preferente y el ámbito del denominado riesgo Q100. Además se deben integrar en el planeamiento las previsiones necesarias para la ejecutar las medidas del Plan de gestión del riesgo de inundación que la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico tiene para Pinzales y La Pedrera. También queda claro en la resolución, en lo que tiene que ver con riesgos geológicos, que no se otorgarán licencias hasta ejecutarse las medidas de atenuación de riesgos "hasta un nivel aceptable".
El documento de la Consejería especifica, además, la necesidad de que el Plan General preserve en su redacción los principios de protección de los espacios naturales de la ciudad y su patrimonio cultural.
Chatarrerías
Otra propuesta es cambiar la denominación residuos sólidos por residuos domésticos y comerciales, con una redefinición de esos conceptos para igualarlos con el resto de la normativa autonómica. Algo que afecta también a la definición que el PGO gijonés hace de los vertederos. En ese contexto el órgano ambiental considera contradictorio plantear la prohibición de chatarrerías cuando como instalaciones de valorización de residuos su objetivo es legal. Se condiciona su autorización a desarrollarse en un polígono industrial, bajo nave cubierta y con solera impermeable. También se matiza la descripción de la reutilización de escombros y la restauración minera.
No hay que olvidar que el Estudio Ambiental Estratégico se elaboró en 2014 acompañando al texto inicial del PGO que se presentó a información pública y la Consejería emitió su documento de alcance en enero de 2015. En mayo de 2017 hubo un nuevo proceso de información pública del Plan ante los cambios urbanísticos significativos que se habían incorporado. Desde el servicio de evaluación ambiental del Principado se entendió que no era causa para invalidar ese documento de alcance y dio su aprobación al documento ambiental estratégico. El Ayuntamiento envió a Medio Ambiente en julio de 2018 el nuevo expediente de evaluación ambiental estratégica para que se formulará la declaración ambeintal estratégica de la revisióndel PGO.
