Una veintena de padres y madres gijoneses están sufriendo la paralización de sus divorcios por la ausencia de psicólogo en el equipo psicosocial de los Juzgados de familia de Gijón desde hace varias semanas y que ha motivado la paralización de numerosos procedimientos. Padres y madres que, entre otros problemas, acumulan meses sin ver a sus hijos por culpa de esta ausencia que impide formalizar los procesos de separación y establecer los regímenes de visita correspondientes para los progenitores. "Es un problema que afecta a la esfera más íntima de las personas", lamenta la abogada gijonesa y experta en Derecho de familia, Sofía Duart.
La jubilación del psicólogo del equipo psicosocial en los Juzgados de familia de Gijón -equipo integrado además por un trabajador social- fue suplida hace poco por una trabajadora, que actualmente se encuentra de baja laboral. Esto ha provocado que todos aquellos procesos de divorcio con hijos presentes que impliquen decidir sobre la custodia de los menores, ya sea custodia compartida u exclusiva -lo que implicaría establecer los turnos de visita- han tenido que ser paralizados. "No es solo que realicen un informe sobre qué es lo mejor para los menores, es que luego tienen que ir al juzgado a explicarlo y ratificarse en él durante la vista del juicio; aunque un juicio esté señalado, si no hay psicólogo no se puede celebrar", explica Sofía Duart.
Los casos en los que los magistrados de familia solicitan la intervención del equipo psicosocial para dictar sentencia suelen tener siempre una mayor duración en el tiempo. "Los temas de familia necesitan una respuesta inmediata, pero si interviene el equipo psicosocial el proceso nunca es rápido", coinciden en apuntar los abogados expertos en la materia. No obstante, en Gijón el tiempo de espera, de media, estaba en los cuatro meses. Un registro sensiblemente inferior a los juzgados homólogos de Oviedo y Avilés. En la capital del Principado, sostienen los letrados, el tiempo oscila entre los cuatro y los ocho meses. "Lo peor es en Avilés, donde la espera se prolonga durante casi dos años; la media que había en Gijón hasta que se jubiló el anterior psicólogo entraba dentro de lo razonable", desvela Sofía Duart.
La intervención del equipo psicosocial es a petición del juez, que solicita un informe avalado por expertos para determinar lo mejor para los menores. Los miembros de ese equipo se entrevistan por separado con los dos progenitores y luego con los menores, dependiendo no obstante de la edad que tengan. Una vez que se elabora ese informe se remite al juzgado y luego se ratifica en el juicio. Ahora, explican varios de los abogados que representan a las familias afectadas, se están posponiendo todos los procedimientos. De hecho, muchos tenían ya cita para el juicio y les ha sido cancelada. "Los casos más graves son aquellos progenitores que llevan meses sin ver a sus hijos, porque el otro miembro de la pareja no quiere dejarles ir y como no hay sentencia no se puede hacer nada más que esperar", lamenta una letrada.
Consolidar situaciones
Los problemas que se originan con estos retrasos son varios, según advierten los expertos. Por un lado el enfriamiento de la relación de los hijos con el progenitor al que no ven, algo que está ocurriendo a varias de las familias gijonesas que padecen la ausencia del psicólogo en el equipo psicosocial. "Incluso hay caso de manipulación contra el padre durante el tiempo que está con la madre", ejemplifica una letrada.
Por otro lado, también está el problema de que todo ese tiempo perdido no se recupera. Incluso, reflexiona ahora Sofía Duart, "puede llegar a consolidar situaciones de hecho". "Por ejemplo, si uno de los progenitores se lleva al hijo a otra localidad, se acuerda la intervención del equipo psicosocial, pero si ese análisis se dilata en el tiempo, a veces apuestan por los hechos consumados y consideran que puede ser perjudicial para el menor que vuelva a cambiar otra vez de entorno, aunque en origen se actuase mal", desvela.
Ahora, las familias afectadas urgen a solventar el problema sin mayor dilación, algo que depende del Principado de Asturias, que tiene asumidas las competencias en materia de Justicia.
