La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, se enfrenta a una petición de medio millón de euros para compensar al Instituto de Patología Mamaria Covadonga, del que fue directora médica y que entró en quiebra. El titular del juzgado de lo mercantil número 3 de Asturias, con sede en Gijón, decidirá al respecto tras haber quedado visto para sentencia el juicio que se celebró hoy durante cuatro horas. Se trata del sexto pleito al que se enfrenta la regidora gijonesa por su vinculación con el instituto sanitario privado, que se encuentra en concurso de acreedores.
Las anteriores demandas se interpusieron por parte de distintos socios del Instituto de Patología Mamaria Covadonga en los juzgados de lo penal y en los de lo civil. Todas fueron desestimadas, si bien la decidió judicial que rechazó la última querella contra Moriyón ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial. En esta ocasión se trata de un pleito mercantil, dado que la acusación está reclamando que se considere a la Alcaldesa como administradora de hecho de la sociedad, esto es, que aunque no figuraba como gestora de la empresa en los papeles, en la práctica sí era quien la administraba.
Moriyón negó en el juicio ser la administradora del Instituto de Patología Mamaria Covadonga y señaló que se marchó después de varios meses sin cobrar el salario convenido.
El pleito ha sido promovido por los principales acreedores del Instituto de Patología Mamaria Covadonga, el notario jubilado Ángel Torres, que avaló la compra de un mamógrafo digital por 350.000 euros y el empresario Luis Fernández. Además de pedir que se condene a la Alcaldesa, también reclaman una condena a un seguro médico privado y a otro centro sanitario gijonés para los que Moriyón hace trabajos médicos, a los que acusan de descapitalizar al Instituto de Patología Mamaria Covadonga.
A este respecto, la tesis de la acusación ejercida por el abogado Marcelino Abraira, es que cuando ya había un principio de acuerdo para que la aseguradora adquiriera el Instituto de Patología Mamaria Covadonga, Moriyón se incorporó por su cuenta al plantel de médicos de ese seguro, llevándose los historiales de los pacientes.
Las defensas de la Alcaldesa, ejercida por el letrado Luis Llanes, y del seguro y centro médico privados, ejercida por el abogado Javier Álvarez Arias de Velasco, sostuvieron que la demanda debe ser desestimada por haberse juzgado ya los mismos hechos en un pleito civil en 2012. También negaron las tesis de la acusación y además consideraron que los hechos que hoy se enjuiciaron están prescritos. El letrado de la Alcaldesa indicó que no tuvo ninguna responsabilidad de administración en la sociedad quebrada y tildó de "persecución" las sucesivas demandas interpuestas contra Moriyón.
