Cuarenta y un minutos de declaración sin soltar su carné de identidad de las manos, con un relato alternativo al de la acusación, negativas y alguna evasiva. Esa fue la tónica del interrogatorio al que ayer se sometió la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón en la vista celebrada en el Juzgado de lo mercantil número 3 con sede en Gijón, en la que dijo ante el juez que no se había leído el contrato por el que en 2008 se convertía en socia del Instituto, con el compromiso de aportar 24.000 euros.

Los promotores de la demanda son los principales acreedores del Instituto. Uno es el notario jubilado Ángel Torres, al que le ejecutaron el aval que había concedido para la compra de un mamógrafo digital por 350.000 euros (la ejecución fue de 300.000) y que ayer tuvo que abandonar la sala al sentirse indispuesto al poco de iniciarse el juicio. El otro es el expresidente y actual vicepresidente del Lions Club de Gijón, Luis Fernández, acreedor con 90.000 euros. Ambos piden al juez que declare que Moriyón era la administradora real del Instituto Covadonga, aunque en los papeles figuraran otras personas. También reclaman que la Alcaldesa abone cerca de medio millón de euros a esa empresa, que se encuentra en concurso de acreedores. Si prospera la demanda, la Alcaldesa y candidata a la Presidencia del Principado podría quedar inhabilitada para ostentar cargos en sociedades. También están demandados un seguro médico y un centro sanitario privado, a los que Moriyón ofreció sus servicios cuando aún era directora médica del Instituto Covadonga.

Los hechos se remontan a antes de que Moriyón entrara en política. La tesis de la acusación, ejercida por el abogado Marcelino Abraira, es que la cirujana fue la promotora de la idea de montar el citado Instituto médico, pero que no figuró como tal para evitar problemas de incompatibilidad en el Hospital de Cabueñes y que en 2010 acabó por incorporarse al seguro codemandado, llevándose las historias clínicas de los pacientes, lo que desbarató un preacuerdo para la venta del Instituto al citado seguro médico, en cuya negociación ella había participado. La defensa de la Alcaldesa, ejercida por el abogado Luis Llanes, empleó reiteradamente la palabra "persecución" al referirse a esta demanda, la sexta a la que se enfrenta Moriyón por su antigua empresa. También sostuvo que los hechos han prescrito, que el juicio es una repetición de otro celebrado en 2012, que no hay pruebas de que Moriyón era la administradora real de la sociedad, que carecía de experiencia empresarial, que no participó en negociaciones y que se limitó a prestar sus servicios médicos.

Moriyón calificó de "desastre" y "caos" la gestión del Instituto Covadonga, que atribuyó a uno de los socios; dijo que había "un barullo impresionante" entre Torres y Fernández con otros dos socios "y yo en medio"; negó todas las acusaciones, incluyendo las de haber participado en las negociaciones para la venta del Instituto Covadonga -lo que posteriormente contradijo un testigo- aunque apuntó que sí había sugerido llegar a acuerdos con algún seguro para conseguir más pacientes y recordó que cuando dejó el Instituto Covadonga llevaba un año sin cobrar. También dijo no recordar haber recibido un burofax de Abraira al que respondió su abogado, momento del interrogatorio que acabó por cortar el juez recordando al letrado de la acusación que la Alcaldesa podía mentir en su declaración, ya que no era testigo sino demandada. El juicio duró 4 horas, con las declaraciones de tres peritos y el gerente del seguro codemandado.