El séptimo procesado en la "operación Tortellini" -investigación de la Guardia Civil que permitió desarticular un grupo dedicado al tráfico de drogas en Gijón- aceptó esta mañana una pena de seis años y un día de cárcel y el pago de una multa de 400.000 euros por un delito contra la salud pública. Este individuo, Camilo G. B., es el primero de los implicados en la red de narcotráfico que reconoce los hechos ante un tribunal, pues el resto de implicados siempre negaron su participación en el grupo, pese a ser condenados ya a 36 años de cárcel por el mismo delito en julio de 2017.
El acusado de hoy cumple a día de hoy prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Soto del Real, Madrid. Según el Ministerio Fiscal, y tal como ha reconocido el propio interesado esta mañana, era el encargado de conseguir la cocaína en Madrid para luego entregársela al resto de procesados ya enjuiciados y condenados por estos hechos. La investigación de la Guardia Civil, tanto en el Principado de Asturias como la Comunidad de Madrid, permitió recabar las pruebas suficientes para demostrar la existencia de esta red dedicada al tráfico de drogas. Ahora, Camilo G. B. deberá cumplir con la condena y, una vez pueda acceder al tercer grado penitenciario, la Fiscalía exigió hoy que sea expulsado del territorio nacional durante la próxima década.
En la “operación Tortellini” se intervinieron cinco paquetes de droga que contenían más de cinco kilos de cocaína, con un precio de mercado que superaba los 216.700 euros, y que estaba previsto su venta y distribución en Asturias.
"Operación Tortellini"
La denominada "operación Tortellini" se remonta al mes de noviembre de 2015, cuando agentes de la Guardia Civil comenzaron el operativo de seguimiento a los encausados por su supuesta relación con una red de tráfico de estupefacientes en el concejo que traían desde la capital. A lo largo de los meses la Benemérita pudo probar cómo efectivamente, todos los condenados -cinco hombres- se dedicaban al tráfico de drogas, unas sustancias que compraban en la Comunidad de Madrid para, posteriormente, venderlas en Gijón. El transporte de los estupefacientes se hacía por carretera, en vehículos que, aunque la investigación apuntaba a que eran especialmente modificados en un taller de León, ese extremo el juez no lo dio por bueno al absolver del delito a los dueños del taller. En la sentencia se entiende probado que todos los condenados habían "concertado" la llegada de la cocaína a Gijón. Unas sustancias de las que se incautó la Benemérita en las sucesivas detenciones que llevó a cabo, principalmente una producida en el peaje del Huerna, donde se localizaron más de cinco kilogramos de cocaína.
Esta sustancia, junto con las que se encontraron en los domicilios de los acusados en sucesivos registros, se podría haber convertido en más de 80.000 dosis de cocaína en la calle. En el juicio celebrado en la sección octava de la Audiencia Provincial el pasado mes de junio y del que ahora se conoce la sentencia, los acusados habían asegurado que se conocían "de ir al gimnasio y pasear al perro". Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Aasturias (TSJA) sólo ha restado un año a uno de ellos manteniendo las penas económicas, que van desde los 500.000 euros a los 300.000 euros.
