Los ocho directivos y cargos de Astilleros Armón y de Instalaciones y Prefabricados Balmeón (Imprebal), para los que se solicitaban penas de hasta tres años de prisión por el accidente mortal del trabajador Agustín Garrido Morán, que pereció asfixiado en el interior de un tanque de combustible de un atunero en construcción, el 23 de mayo de 2014, han sido absueltos por el titular del juzgado de lo penal número dos de Gijón, al considerar que no hay pruebas concluyentes de que los acusados, sean responsables, por acción u omisión, de la muerte del trabajador.
La sentencia ha sido dictada el pasado 11 de febrero y va a ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial. En la misma el magistrado sostiene que "se desconoce en qué términos concretos tuvo lugar el siniestro y que acción u omisión dio lugar al mismo". El juez opina que no está claro el motivo por el que el trabajador de la contrata se encontraba solo dentro de un espacio confinado, pudiendo estar en cumplimiento de una orden, haber entrado solo por iniciativa propia o apoyado por otro compañero que posteriormente se marchase.
La sentencia agrega que "no cabe desconocer que tanto la empresa subcontratista como el propio trabajador fallecido tenían conocimiento de la existencia de determinadas normas preventivas" sobre el trabajo en espacios confinados, no habiéndose podido despejar en el juicio "la incógnita de si hubo o no un estricto cumplimiento de tales normas en el desarrollo de la actividad laboral de referencia y, en su caso, quién pudiera haber eventualmente no cumplido las mismas".
El juez absuelve a todos los acusados en contra del criterio de la Fiscalía, que solicitaba dos años y seis meses para seis de ellos por sendos delitos de homicidio imprudente y contra la vida y salud de los trabajadores. La acusación particular reclamaba tres años de cárcel para esos seis cargos y también para los dos máximos directivos de Astilleros Armón.
La muerte de este trabajador fue una de las tres que se produjeron en año y medio en el astillero gijonés y dio lugar a diez días de huelga para reclamar mejoras en la seguridad. Inspección de trabajo también propuso una cuantiosa sanción para la empresa, procedimiento administrativo que quedó en suspenso a la espera de que se solventara el penal.
