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Un hostelero de El Molinón, investigado por engancharse a la red eléctrica del estadio

Sospechan que el empresario ha podido defraudar más de 50.000 euros desde que abrió el negocio, hace casi cuatro años

Estadio de El Molinón. J.J.

Un hostelero gijonés y con negocio en los bajos del estadio municipal de El Molinón está siendo investigado por un supuesto delito de defraudación del fluido eléctrico, pues todo parece indicar que durante casi cuatro años ha estado enganchado de forma ilegal a la red eléctrica del estadio para dar corriente a su negocio de hostelería. No obstante, no es la primera vez que este empresario local figura como investigado por la presunta comisión de un delito similar. El caso está ya en vía judicial.

Fue un ciudadano anónimo quien alertó al Ayuntamiento de Gijón de que este hostelero, de unos cuarenta años de edad, estaba cometiendo esta supuesta estafa eléctrica al consumir energía de una instalación municipal, como es El Molinón, para ahorrarse una notable cantidad de gasto. Desde el Consistorio alertaron a su empresa suministradora de electricidad habitual para que se interesase por esta denuncia, a fin de poder confirmar o no su veracidad. Fueron los responsables de la empresa quienes contactaron con la directiva del Real Sporting, como arrendatario de la instalación municipal, para realizar una inspección sobre el terreno, logrando en todo momento la colaboración del club rojiblanco.

Una vez en el estadio de El Molinón, responsables de la empresa de energías realizaron las comprobaciones oportunas, midiendo la tensión del cable y el transporte de energía en varios puntos, tanto próximos como más alejados al establecimiento en cuestión. En esa inspección ya parecía evidente que en la zona más cercana al negocio existía un crecimiento del consumo palpable, tal y como se reflejó en el informe correspondiente de la compañía eléctrica. No obstante, el documento no estaba completo, pues la inspección no incluía revisar el establecimiento hostelero, al no tener permisos para ello, pero en base a las evidencias recabadas se presentó la correspondiente denuncia en la Policía Nacional.

La investigación policial corrió a cargo de agentes de la Comisaría de El Coto, que con una orden judicial pudieron acceder al interior del establecimiento para investigar la denuncia presentada. En la inspección se encontró que existía un enganche ilegal al cableado El Molinón en un local anexo al bar y que pasaba desapercibido. Pese a estas evidencias, el hostelero no fue detenido en ningún momento, pues según explican fuentes jurídicas, tras la última reforma del Código Penal el delito de defraudación del fluido eléctrico pasó a considerarse como un delito leve, independientemente de la cantidad defraudada. No obstante, este hostelero sí que figura ya como investigado en el procedimiento judicial abierto contra él.

¿Cuánto tiempo ha estado presuntamente conectado de forma ilegal al suministro eléctrico de El Molinón? La investigación sigue abierta, pero la estimación más probable es desde hace casi cuatro años, es decir, poco después de que el negocio hostelero abriese sus puertas al público en los bajos de El Molinón. Los investigadores estiman una defraudación de entre 10.000 y 20.000 euros anuales, aunque las pesquisas continúan antes de emitir todos las diligencias al Juzgado. Unas cantidades anuales que, en suma, superarían con creces los 50.000 euros defraudados desde que abrió el establecimiento.

Una vez que la policía concluya todos los informes pertinentes, será ocasión de que el juzgado esclarezca los hechos y determine las consecuencias.

Antecedentes

AntecedentesEl hostelero en cuestión ya estuvo envuelto en polémicas años atrás, en concreto por su implicación en una red dedicada al tráfico de drogas en Asturias que fue desarticulada tras la "operación Tridente", llevada a cabo por la Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil. Fue la sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, el tribunal que le condenó a tres años y medio de cárcel por un delito contra la salud pública y a otros seis meses de prisión por otro delito de pertenencia a grupo criminal.

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