Los votos a favor de Foro y PP y las abstenciones del resto de los grupos políticos permitieron ayer a la presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, la forista Eva Illán, sacar adelante una modificación del presupuesto de la entidad por una cuantía de 1.115.000 euros. Un dinero que se quita de la aplicación presupuestaria de la renta social -que se podrá aumentar en el futuro vía remanente- para hacer frente a necesidades urgentes que no tenían cobertura en el actual presupuesto. No hay que olvidar que el Ayuntamiento de Gijón y sus organismos autónomos viven su segundo año consecutivo de prórroga presupuestaria con lo que el presupuesto social de partida de este 2019 fue el de 2017, al que hubo que detraer unos 800.000 euros de programas no prorrogables. Así, la Fundación empezó el año con un presupuesto de 18,7 millones. Muy lejos de sus necesidades reales.

La modificación actual supone dotar con 190.000 euros el convenio de colaboración firmado a finales del año pasado con el centro especial de empleo Apta para desarrollar el proyecto Cadi, suplementar en 80.000 euros la partida dedicada al servicio de preparación y reparto de correspondencia y, sobre todo, incrementar en 845.000 euros el dinero vinculado al contrato del servicio de ayuda a domicilio. En el presupuesto prorrogado la partida inicial era de 3,4 millones que no alcanzan a cubrir los gastos de un servicio con, por un lado, incremento del número de beneficiarios en los últimos tiempos y, por otro, una contratación nueva realizada el año pasado y que incorporaba mejoras económicas en su pliego de condiciones. Mejoras para el personal, mayoritariamente mujeres.

Y un contrato que no deja de dar quebraderos de cabeza al equipo directivo de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Ya no sólo porque la adjudicataria, Aralia Servicios Sociosanitarios, estuviera vinculada a la familia de uno de los empresarios investigados por la trama "Enredadera" de corrupción. O porque su contratación fue duramente contestada por el colectivo que, con el apoyo de Xixón Sí Puede, reivindica desde hace más de dos años la municipalización de ese servicio.

Complemento salarial bruto de 600 euros al semestre

Ayer mismo -y sólo minutos antes de la reunión de la junta rectora que debía dar el visto bueno al incremento de la dotación económica del servicio- integrantes del comité de empresa se reunían con miembros de todos los grupos políticos de la Corporación para denunciar que la empresa concesionaria no había hecho frente a las mejoras salariales incluidas en el pliego de condiciones de la licitación. En concreto al pago del complemento salarial bruto de 600 euros al semestre que se había incluido por decisión municipal como condición especial de ejecución relativa a la mejora de la calidad en el empleo. Alcanzado el primer semestre de la gestión de Aralia, el comité comunicó a los munícipes que los trabajadores no han recibido ese complemento, que además fue una de las mejoras comprometidas por el gobierno forista de Carmen Moriyón tras decir no a una remunicipalización que habían visto factible en un primer momento y para la que no encontraron aval técnicos.

En los próximos días habrá nuevas reuniones en el Ayuntamiento, fundamentalmente con el equipo jurídico para ver las vías a seguir ante una posible resolución del contrato y las decisiones a tomar para que no se ponga en peligro un servicio que atiende a centenaers de mayores. El actual contrato se firmó con una duración inicial de julio de 2018 a diciembre de 2020 y opciones de prórroga.