Hablar del presente e intentar poner en claro el futuro de la renta social. Eso es lo que se hará el jueves por la mañana en el Ayuntamiento de Gijón. A la cita están llamados representantes de los seis grupos municipales de la actual Corporación -Foro, PSOE, Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos- pero la organización de la convocatoria no es de ningún partido. El impulsor directo es la Unión de Comerciantes, que también ha invitado a la reunión a la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) para intentar organizar un frente social común en este asunto. El movimiento vecinal se muestra dispuesto a colaborar con el comercio local en este caso como ya hizo en otros. El ejemplo más reciente fue la reacción ante la oleada de atracos en el barrio de La Calzada.

Igual que ha pasado con el plan de vías o con los problemas de la contaminación, especialmente en la zona oeste, el interés es que sean los agentes de las sociedad civil -y no los políticos sobre todo en un escenario de campaña electoral y urnas a la vuelta de la esquina- quienes marquen las pautas a seguir. En este caso con este singular programa de apoyo a las familias más vulnerables y dinamización de la economía local que se puso en marcha en 2017 con una reserva económica de ocho millones de euros a partir de un acuerdo presupuestario de Foro con Xixón Sí Puede e IU y que languidece recién estrenado 2019.

De hecho, toda saltaba por los aires hace unos días cuando la edil de Bienestar Social, la forista Eva Illán, dejaba bien claro que ahora mismo no hay dinero para una nueva convocatoria de la renta social, que la urgencia de la Fundación de Servicios Sociales está en abonar las ayudas de emergencia y que el futuro del nuevo programa queda en manos de la Corporación que salga de las urnas de mayo.

La Unión de Comerciantes no quiere esperar tanto para aclarar las cosas. El sistema de pago de estas ayudas municipales a través de una tarjeta de compra que se puede utilizar en los establecimientos gijoneses adheridos al programa ha supuesto más de cinco millones de ingresos para unas 300 tiendas distribuidas por toda la ciudad. Los representantes del comercio local quieren que el Ayuntamiento cumpla, igual que han hecho ellos, con lo comprometido hace dos años al diseñarse la renta social con garantías de continuidad y ponga en valor lo que mueven en Gijón esos 317 establecimientos comerciales adheridos a la renta social.

Los números de ese movimiento, según sus datos, son 897 puestos de trabajo, 11,5 millones anuales en salarios a personal laboral, 389.000 euros anuales en pagos de impuestos, tasas y precios públicos municipales y 867.000 euros de IVA a la hacienda publica nacional.