Varias protectoras de animales de la ciudad se unieron ayer para dar a conocer su "preocupación" por la gestión y el seguimiento del contrato del albergue de animales de Serín. "Faltan datos, los que hay no cuadran y nadie mira para ellos", denunció la portavoz del colectivo, Elena Vigil-Escalera.

"Queremos mostrar nuestra preocupación por el desinterés de nuestro Ayuntamiento por unos animales que son de propiedad municipal", explicó Vigil-Escalera, "una ciudad como Gijón, que presume de ser amiga de los animales, no puede encontrarse en esta situación por la desidia municipal".

Las asociaciones animalistas llaman la atención sobre la elevada mortandad de animales en la instalación -121 fallecimientos el pasado año y 95 en 2017, por 27 en la instalación homónima ovetense en ese año-. También advierten que los datos oficiales dados por los técnicos municipales no concuerdan con los valores ofrecidos por la empresa gestora.

Por ello, piden al Ayuntamiento que abra una investigación para aclarar estos datos, el porqué de ellos y buscar una solución. "No nos vale que se le eche la culpa al gestor, porque estas cosas no pasarían con un correcto seguimiento", apuntaron.

También denunciaron que son los gestores los que corren con los gastos de poner el chip a los animales recogidos, cuando es algo que debería hacer el Ayuntamiento, a quien piden igualmente que publique en su web la relación de animales para adopción.

Del mismo modo, piden al Consistorio que ponga en marcha una regulación municipal del voluntariado, para garantizar "el buen servicio y atención de los animales".

Con todo, afean al equipo de gobierno que "el consejo de bienestar animal se ha hecho solo para acallar a la oposición, pero está vacío de contenido". Vigil-Escalera concluyó solicitando la puesta en marcha "una serie de propuestas imprescindibles para que la protección animal en Gijón sea digna del siglo en el que vivimos".

"El consejo de bienestar tiene el reglamento pendiente y un funcionamiento más que cuestionable", explicó el edil socialista José Ramón García, que propuso al equipo de gobierno hacer un monográfico sobre esta cuestión en la próxima comisión "para aclarar qué sucede".