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La UE investiga la demora en imponer los nuevos límites contaminantes a Arcelor

Los ecologistas denunciaron que el Principado no hubiera exigido antes a la siderúrgica cumplir la directiva ambiental, obligatoria desde 2016

Una humareda saliendo del sínter de Arcelor en Gijón, el 21 de abril de 2018.

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha abierto una investigación por el incumplimiento por las factorías asturianas de ArcelorMittal de la directiva comunitaria que regula las tecnologías que tiene que implementar la siderurgia integral para reducir los niveles de contaminación. Esa directiva era de obligado cumplimiento a partir del 8 de marzo de 2016, cuatro años después de su aprobación definitiva por la Comisión. Tres años después de aquella fecha límite, la siderurgia asturiana sigue sin ajustarse a los nuevos límites de contaminación. En el caso de que la investigación de la UE se traduzca en una sanción, la mismo no se impondrá a la multinacional angloindia, sino contra el Reino de España, por no haber impuesto a tiempo a la siderúrgica los nuevos límites que marca Bruselas.

Ecologistas en Acción de Asturias presentó el pasado 18 de diciembre una denuncia ante la Comisión Europea por "el incumplimiento del derecho comunitario de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno del Principado de Asturias", que en aquella fecha aún no había aprobado la actualización de la Autorización Ambiental Integrada para las factorías de Gijón y Avilés de Arcelor. El Principado aprobó esa autorización diez días después, el 28 de diciembre, aunque no se publicó en el BOPA hasta el pasado 16 de enero. El viernes de la semana pasada la UE comunicó a los ecologistas la apertura de la investigación, que en el plazo máximo de un año se tendrá que traducir en un procedimiento sancionador o archivarse.

En base a la nueva autorización ambiental, Arcelor tendrá hasta 2025 para completar las inversiones necesarias para reducir sus emisiones en las factorías de Gijón y de Avilés incluso por debajo de los límites que establece la directiva comunitaria en algunos focos. La mayor parte de esas inversiones se tendrán que acometer entre 2019 y 2022, incluyendo las de las chimeneas principales de los dos sínter, con las instalaciones de sendos filtros en el sínter A este año y en el B en 2022. El sínter el es origen de la alta contaminación en la urbanización de El Lauredal. También habrá inversiones similares en la chimenea secundaria de los sínter, la última de ellas en el B, que se ejecutará en 2024 y tendrá que estar operativa al inicio de 2025.

En su denuncia ante la UE, Ecologistas en Acción recuerda que la directiva, aprobada en 2010 por el Parlamento Europeo y desarrollada en 2012 por la Comisión, establecía que en un plazo de cuatro años (2016) el Principado debía "revisar y si fuera necesario, actualizar todas las condiciones del permiso y garantizar que la instalación cumpla dichas emisiones". Esa revisión afectaba a Arcelor y a las coquerías de Industria Química del Nalón e Industrias Doy en Las Cuencas. A la fecha de la denuncia, el Principado sólo había revisado la autorización de esta última, en julio de 2017.

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