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El Supremo revisará la activación del desarenado y desengrasado en El Pisón

El tribunal admite el recurso de los vecinos contra la autorización dada por la Audiencia Nacional

El Supremo revisará la activación del desarenado y desengrasado en El Pisón

El Tribunal Supremo revisará la decisión de la Audiencia Nacional de permitir la activación de los equipos de desarenado y desengrasado de la depuradora de El Pisón pese a haber ordenado previamente la paralización de las obras al anular el primer estudio de impacto ambiental para decidir la ubicación de esa instalación. El alto tribunal dictó el pasado lunes un auto mediante el que admite el recurso de casación contra la resolución de la Audiencia Nacional que en septiembre de 2017 dio vía libre a activar el desarenado y desengrasado.

Los vecinos, representados por el abogado Marcelino Abraira, recurrieron ante el Supremo argumentando que la autorización de activación de una parte de la planta contravenía la sentencia que la propia Audiencia Nacional había dictado anulando el estudio ambiental y bloqueando las obras. Además, los vecinos hicieron hincapié en que no se puede apelar al interés general en el trámite de ejecución de una sentencia, dado que eso permitiría convertir en papel mojado cualquier sentencia.

Esto último es lo que el Supremo ha considerado determinante para admitir el recurso de casación y es lo que el alto tribunal va a estudiar. Si durante el trámite para cumplir una sentencia firme se puede apelar a un argumento de interés general al que no se apeló durante el juicio.

El Abogado del Estado había solicitado la activación de ambos equipos de pretratamiento -que previamente estaban en La Plantona y que se demolieron para su integración en la depuradora- señalando que España se enfrentaba a sanciones de la UE por incumplir con las exigencias europeas de depuración de aguas residuales. El 25 de julio del año pasado el Tribunal de Justicia de la UE impuso a España sendas multas por esos incumplimientos, de las que casi la mitad del monto total tienen que ver con los vertidos al mar sin depurar en la cuenca este de Gijón. Las multas consistieron en 12 millones de euros a tanto alzado y en 10,4 millones de euros semestrales en tanto no se eliminen esos vertidos.

La batalla judicial de los vecinos de El Pisón no se limita a ese recurso ante el Tribunal Supremo. También ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional contra el segundo estudio de impacto ambiental, que mantiene la elección de El Pisón para la depuradora del Este y un contencioso contra la aprobación definitiva del PGO al considerar incompatible urbanísticamente la ubicación de la depuradora en El Pisón, en un terreno que se había cedido en su día para parque. Los vecinos también han llevado su caso a la Fiscalía Anticorrupción, que aún no se ha pronunciado.

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