El problema se repite. Igual que la denuncia. Representantes sindicales del personal adscrito a la empresa concesionaria del servicio municipal de mantenimiento viario se reunieron ayer en el Ayuntamiento con ediles de la oposición para denunciar la falta de personal. Y más en concreto el incumplimiento del pliego de condiciones del contrato planteado por el propio Ayuntamiento en lo que tiene que ver con la adscripción al servicio de Gijón de 34 trabajadores.

La disputa ya tiene su recorrido en el tiempo e irá a más en breve ya que los trabajadores anuncian huelga de dos horas este jueves y el próximo, días 21 y 28. En un primer momento habían pensado parar también el día 14 pero desconvocaron la protesta como "medida de buena voluntad" ante una reunión con la empresa en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), que finalmente se saldó sin éxito.

La empresa aduce que sí hay 34 operarios trabajando en Gijón. Los trabajadores ponen el matiz en el hecho de que 31 están adscritos al servicio y los otros tres son "volantes" que puedan estar en Gijón unos días y luego en otros sitios. "Puede parecer que tres puestos de trabajo no son importantes pero hace dos contratos fueron 38, luego 36, ahora 34... y de seguir está línea el próximo contrato puede ser de 29 o 27 trabajadores", denunciaba Hortensio Mortera, secretario de Acción Sindical de CC OO de la Construcción y Servicios de Asturias. El contrato actual es hasta 2020 con posibilidad de prórroga.

Los partidos de la oposición pactaron ayer, tras reunirse con los afectados, promover una iniciativa plenaria de cara a la sesión de la semana que viene, para instar al gobierno municipal de Foro a exigir el cumplimiento estricto de las condiciones de este contrato.

Uno de los problemas, matizaba la concejala del PSOE y abogada laboralista Marina Pineda, es que los procesos de subcontratación obligan a las empresas a quedarse con las personas adscritas al servicio con una antigüedad mínima de cuatro meses. En las condiciones actuales esa subrogación sólo llegaría a 31 personas ahondando en el problema. Otra crítica es la desigualdad en las condiciones laborales entre quienes están o no están amparados por ese contrato municipal.