Ni relevancia se da a los encuentros de empresarios de la trama con políticos y altos cargos municipales. Ni trato de favor se detecta en las actuaciones. Ni acciones irregulares se ven en los procesos de contratación. Ni se observa la presencia de "conseguidores" en el Ayuntamiento de Gijón. Este es el resumen de las doce conclusiones que el secretario general del Ayuntamiento, Miguel Ángel de Diego, acaba de presentar como informe final de la comisión municipal desarrollada entre septiembre y noviembre del año pasado para analizar el grado de penetración en la administración municipal de la trama de corrupción conocida como Enredadera e investigada a nivel nacional. "Estas son mis conclusiones, si bien la comisión y finalmente el Pleno resolverán lo que estimen más acertado", explica De Diego antes de su rúbrica. La comisión previsiblemente se reúna el lunes y es más que probable que los partidos de la oposición quieran incorporar matices a las conclusiones de este informe.
Un informe donde se indica , por ejemplo, que "no puede considerarse relevante" que el edil forista de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, se reuniera en su despacho con el empresario Ángel Luis García "El Patatero" porque ningún contrato salió de esa reunión y "resulta práctica habitual recibir a ciudadanos, empresarios... en las oficinas municipales". Se da la circunstancia de que Aparicio es el presidente de la comisión municipal sobre el "caso Enredadera".
Tampoco considera el secretario "de mayor relevancia" que el empresario contactará directamente por el móvil con el director Económico-Financiero del Ayuntamiento, Ignacio Sanz, para pedirle información de un contrato "ya que es bien sabido que conocer hoy cualquier número de teléfono, incluso el particular, resulta relativamente fácil y en todo caso lo único que realizó dicho empleado público fue derivar la llamada al departamento que él consideraba competente".
El tercer contacto directo de "El Patatero" con dirigentes municipales fue una comida con el jefe de la Policía Local, Alejandro Martínez Gallo, con quien tenía contactos previos a nivel personal por ser ambos del mismo pueblo. El jefe policial reconoció en su comparecencia en la comisión que el empresario y un socio habían intentado venderle unas tablets y le ofrecieron servicios de gestión de multas. Nada de ello salió adelante. Ya que de esos encuentros no se derivaron contratos y la comida fue de carácter privado se concluye en el informe "que resulta imposible que haya habido trato de favor alguno".
Además de empresarios, directivos y personal municipal por la comisión del "caso Enredadera" pasaron varios concejales de Foro, la alcaldesa Carmen Moriyón y el fundador del partido, Francisco Álvarez-Cascos. Todos ellos negaron cualquier injerencia en las labores de valoración de los contratos municipales y en el caso de Cascos, tras reconocer que había tenido contactos con empresarios de la trama, aseguró que eran para proyectos que nada tenían que ver con el Ayuntamiento de Gijón y que ni siquiera llegaron a fructificar. Cascos aseguró que nunca había recomendado a la alcaldesa, Carmen Moriyón, que recibiera a algún empresario de la trama o que no puso en contacto a los empresas con ningún directivo municipal.
En los contratos motivo de investigación -uno vinculado al denominado Gijón-In que tenía que ver con la adquisición de pda´s para la Policía Local, la compra de un vehículo multisocorro para los bomberos y la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio a Aralia- no encuentra el jurista municipal datos que le llevan a pensar en tratos de favor o irregularidades. Las mayores dudas se centraban en la licitación del servicio de ayuda a domicilio ya que Aralia fue la elegida después de que las empresas que tenían antes la concesión no se hubieran presentado y se hubieran retirado de la carrera varias de las firmas que habían presentado ofertas inicialmente. Tras escuchar a los responsables de esas empresas la conclusión es que las condiciones del contrato -con un precio muy ajustado y prórrogas obligatorias sin revisión de precios- fueron la razón de ese desinterés empresarial. "Al ser un contrato que desde luego no resultaba atractivo desde el punto de vista económico, difícilmente puede deducirse que haya habido intentos de adjudicación irregular ya que precisamente lo que tratan los conseguidores (o abrelatas en la jerga habitual" es obtener contratos de la adminsitración pero desde luego que sean ventajosos ya que si no lo son o con alto grado de riesgo, desde luego prefieren que se adjudiquen a la competencia", sentencia de Diego.
