El plan presentado por el Ayuntamiento de Gijón para crear en los antiguos terrenos de Naval Gijón un espacio para empresas dedicadas a la economía azul, con un desembolso de 47 millones de euros públicos solo para la urbanización de los solares, hizo aflorar ayer las suspicacias de los grupos municipales de la oposición.

El PSOE fue el primero en disparar sus críticas, asegurando que "los ocho años de Carmen Moriyón han sido ocho años perdidos en la recuperación del espacio de Naval Gijón como un área de desarrollo e innovación", enfatizando que "es el tiempo que han tardado en aceptar la propuesta del PSOE para impulsar la recuperación urbanística y, muy especialmente, para impulsar la creación de actividad económica ligada al mar".

El grupo municipal socialista recuerda que ya en el último mandato de Paz Fernández Felgueroso se promovió el desarrollo de este área con una actividad muy similar a la ahora planteada. Pero, pese al crecimiento que ha sufrido el sector de la economía azul en estos últimos ocho años de mandato forista, "nada ha hecho el gobierno municipal de Moriyón para que la ciudad aprovechara las oportunidades que se han generado", sino todo lo contrario.

"Foro no quiso promover la adquisición de estos terrenos para poder realizar la promoción pública que ahora dicen que es imprescindible", recuerdan los socialistas en una nota de prensa, en la que recuerdan que "el PSOE planteó a Foro acuerdos presupuestarios en 2017 y 2018 que se condicionaban, entre otras medidas, a este desarrollo. Sin embargo, el gobierno municipal rechazó tal posibilidad prefiriendo que ese espacio continuara en la situación de abandono que vive actualmente".

No fueron las únicas críticas que recibió el proyecto. También el grupo municipal de Ciudadanos incidió sobre ello. La formación valora positivamente que se hayan incluido equipamientos de carácter educativo y deportivo, "y no pretender que todo el espacio fuera un parque empresarial". No obstante, avisan de que "este proyecto no puede ver la luz sólo con financiación municipal. Estamos hablando de una inversión total que podría superar los ochenta millones de euros, a los que el Ayuntamiento no puede hacer frente", con lo que abren la puerta a "una colaboración público-privada", pidiendo que se incluyan los usos residenciales de los terrenos, vetados por el Plan General de Ordenación recién aprobado.