El Consejo de Ministros aprobó ayer por la vía de un real decreto ley el nuevo marco legal aplicable a la estiba. Un decreto al que se vinculará una línea de ayudas públicas de unos 120 millones de euros para sufragar las prejubilaciones y bajas voluntarias que se registren en la plantilla de unos 6.150 estibadores que actualmente tienen los puertos como consecuencia de la reestructuración del sector. Las ayudas están pensadas para los trabajadores a los que les quede como máximo 60 meses para llegar a la edad ordinaria de jubilación.
Ahora mismo el sector se regía por un real decreto ley de 2017 que estableció la libertad de contratación para la prestación de un servicio que hasta entonces realizaban las sociedades de estiba -las denominadas SAGEP- de la que forman parte los estibadores como trabajadores. El nuevo marco, se explica desde el gobierno, busca "facilitar la transformación del sector hacia la competencia garantizando la estabilidad en el empleo".
Entre las novedades que se plantean está una habilitación legal para que a través del convenio colectivo se pueda acordar la subrogación obligatoria de los trabajadores para las empresas que decidan salirse de las sociedades de estiba asegurando así, se dice, "un derecho que ya se recoge en otros sectores productivos y garantizando así los derechos laborales básicos de los trabajadores y facilitando la estabilidad en el empleo".
También se recoge una modificación de la Ley de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), para establecer las especificidades de los centros portuarios de empleo como empresas de trabajo temporal. Se les impone el requisito de que sus propietarios tengan la licencia de empresa estibadora "de modo que se garantice la vinculación del propietario con la actividad que se realiza y con ello el máximo nivel de profesionalidad". Otra de las modificaciones sobre el texto de 2017 busca permitir el uso del contrato de aprendizaje entre estibadores lo que permitirá un contrato en prácticas a quienes cursen el certificado de profesionalidad.
