"Esto no es serio, ni es justo". Quien lo dice es Esperanza Fernández, hace años concejala del PSOE en Gijón y ahora una más entre las 192 familias de los cuatro portales de la calle María Zambrano (en el área de La Algodonera de La Calzada ) que han gastado cerca de cinco millones en la renovación de sus fachadas y aún están a la espera de que el Ayuntamiento les diga algo de la petición de subvención que hicieron en 2016. Los vecinos han iniciado una ronda de visitas a los grupos políticos del Ayuntamiento para explicarles su situación. Sólo piden información para saber a qué atenerse: "Que nos digan si nos deniegan la subvención o si la conceden y cuanto. La obra ya está hecha, la empresa adelantó el dinero y nosotros tenemos que saber que vamos a tener que pagar".

A cada portal les sale la obra por algo más de un millón de euros. Los propietarios ya han recibido las ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y del Principado, y les quedan por abonar unos 800.000 euros por cada uno de los cuatros bloques. Que parte de ese dinero tiene que salir finalmente de sus bolsillos depende muy mucho de la subvención que les conceda el Ayuntamiento, y que puede cubrir entre el 60 y el 80% del proyecto. Una subvención con la que cuentan, en la cuantía economía que sea, porque cumplieron todos los requisitos exigidos en la convocatoria y "entendemos que no somos una isla en la ciudad, ni vecinos de segunda por vivir en La Calzada. No seremos distintos a los que viven en el centro o en los barrios degradados", se preguntaba Fernández acompañada por otros vecinos de esos bloques. El tiempo de espera ha sido mucho, los pagos hay que ejecutarlos y no todos los vecinos tienen los bolsillos llenos como para adelantar pagos de miles de euros. En unos bloques con mucha gente mayor calculan que hay un 25% de propietarios que son viudas que viven de una pensión.

"Estos vecinos le ponen cara a un problema del que llevamos hablando más de un año", sentenciaba la socialista Marina Pineda tras reunirse con los portavoces del colectivo. Y ya no se trata tanto de pagar la subvención municipal como de informar, y así se indicó en un Pleno, a las comunidades de vecinos de la situación de sus expedientes para que puedan tomar decisiones. Según la última estadística facilitada por el gobierno local hay 456 subvenciones del plan de fachadas pendientes de resolución y que se corresponden a los años 2014 a 2017. En 2018 se paralizó esta línea de ayudas. La estimación presupuestaria es que atender esas peticiones tendría un coste de 42,6 millones para las arcas municipales. A ese dinero hay que sumar 23,7 millones de los plazos futuros del programa de barrios degradados y 14,2 millones de las anualidades que restan de las subvenciones ya concedidas en los últimos años.