"Nunca falsifiqué ninguna firma ni documento". Con estas palabras negó esta mañana los cargos que la acusación particular -una comunidad de vecinos de la calle Reconquista de Gijon- le atribuye al luanquín Marcos D. A., de 40 años, el administrador de fincas condenado en multitud de ocasiones por delitos de apropiación indebida que en los últimos meses le han supuesto condenas que suman ya más de veinte años de cárcel.

Esta mañana, durante la vista oral celebrada en Gijón, reconoció el delito de apropiación indebida que le atribuye el Ministerio fiscal, que rebajó su petición inicial de prisión de los dos años y medio a los dos años de cárcel. No obstante, Marcos D. A., que lleva desde diciembre en prisión, niega las acusaciones de los denunciantes, que solicitan una pena de hasta siete años de cárcel.

Igual que ocurrió hace dos semanas, cuando aceptó dos años de cárcel por apropiarse con 45.000 euros de una comunidad de vecinos de un inmueble de Luanco, Marcos D. A. estuvo esposado y custodiado por dos agentes de la Policía Nacional durante su estancia en la sala ante el Tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial. Ante los magistrados asumió como cierta la tesis del Ministerio Fiscal.

Lo más destacado del juicio fue la corrección de uno de los peritos, que auditó las cuentas de la comunidad de la calle Reconquista. El perito explicó que, revisando su informe antes del Juicio, la cifra final del dinero que del que se había apoderado -lo cifró en un inicio en 35.360,97 euros- era sensiblemente inferior. Un error que subsanó durante la vista oral y que fijó en 20.360,97 euros, pues había 15.000 euros provenientes de una subvención del Ayuntamiento para el cambio del ascensor que no debían figurar en el total del que se había apropiado. Una corrección que todas las partes aceptaron y dieron por buena.

Es por ello que en las conclusiones todos modificaron la cuantía de la indemnización que Marcos D. A. deberá abonar a los afectados, rebajándola hasta los 20.360,97 euros que fijaba finalmente el perito. La acusación particular también elevó a definitivas sus conclusiones, en las que pide 7 años de cárcel al aplicar dos agravantes al delito de apropiación indebida, una por aprovecharse de la relación personal que presuntamente existía entre el acusado y los vecinos y otro por abuso de firma. Dos agravantes que tanto Fiscalía como defensa niegan que existan.

Marcos D. A. ingresó en prisión en el mes de diciembre de 2018 después de que varias sentencias condenatorias adquiriesen firmeza. Suma más de veinte años de cárcel, todos por delitos similares contra comunidades de vecinos que administraba desde la firma Legalita XXI. Al concluir el juicio fue trasladado de nuevo al Centro Penitenciario de Asturias, donde conocerá la sentencia de este procedimiento.