Con motivo de las elecciones generales del próximo 28 de abril, representantes de asociaciones feministas de Gijón presentaron ayer una campaña que se replica estos días a nivel estatal y que busca "presionar" al futuro equipo de gobierno para que prohíba, por ley, el apoyo a la práctica de la prostitución y la maternidad subrogada. Mariti Pereria, presidenta del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Cavasym); Begoña Piñero, de la tertulia feminista "Les Comadres"; Ángeles Pollo, de la asociación feminista "La Xana" y Blanca Cañedo-Argüelles, de la clínica Belladona, presentaron en La Arena un argumentario redactado por varias asociaciones estatales contra los vientres de alquiler.
El grupo lamentó que la gestación subrogada se esté utilizando como "estrategia política" en estas elecciones. "Debe recogerse por ley que tener un hijo biológico jamás fue ni debe ser un derecho; es un deseo que no podemos permitir que se cumpla a costa de otras personas", criticó Piñero. "Portugal lo aprobó y se lo tumbaron porque sólo una mujer se ofreció a hacerlo de forma altruista", añadió. Cañedo-Argüelles, eso sí, recordó que este tipo de leyes deben replicarse también fuera del país: "De nada sirve prohibirlo aquí si, como ahora, los españoles pueden ir a alquilar vientres a Ucrania". Pereira puntualizó que a nivel estatal se debe anular también la filación de recién nacidos gestados con esta técnica en otros países.
La prostitución "se intenta vender políticamente como una forma de libertad sexual que sólo protege a los puteros", según Pereira. Piñero recordó que "implica un acuerdo económico" y que, por tanto, "no puede ejercerse con libertad real". "No tenemos derecho a decidir qué hacer con nuestro cuerpo a cambio de dinero; por eso no podemos pedir que nos quiten un riñón y venderlo", sentenció.
