El último implicado en la "operación Tortellini" -investigación de la Guardia Civil que permitió condenar a seis personas por tráfico de drogas en Gijón a penas que suman 42 años de cárcel- y el único que todavía quedaba pendiente de sentencia, desde octubre del pasado año, ha sido condenado a dos años de cárcel y al pago de una multa de 60.000 euros. Una pena notablemente inferior a los siete años de prisión que pedía el Ministerio Fiscal, pues el tribunal de la sección octava de la Audiencia le considera cómplice y no responsable de un delito contra la salud pública al entender que no queda acreditado que este joven tuviera conocimiento de la cantidad de cocaína que transportaba cuando otros dos miembros de la red de tráfico de drogas -ya condenados- le pidieron que trasladase el coche de una localidad a otra.
La "operación Tortellini" se inició en el año 2016 por agentes de la Guardia Civil de Gijón, que tras meses de seguimiento a los sospechosos incautar en el Huerna. La instrucción judicial de la causa sentó en el banquillo, en un primer momento, a siete personas, cinco acusados de narcotráfico y una pareja, dueña de un taller de vehículos en León en el que supuestamente manipulaban los coches para esconder la droga. Mientras que esta pareja leonesa resultó absuelta, los otros cinco encausados -los encargados de distribuir y vender la sustancia estupefaciente en Asturias- fueron condenados a penas que alcanzaban, en suma, los 36 años de cárcel -el juicio se celebró en junio de 2017- y que fueron ratificadas después por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
En la causa, no obstante, faltaban por procesar otros dos individuos que fueron identificados poco después y que supuestamente había colaborado con la red de tráfico de drogas para mover la mercancía en la Comunidad de Madrid. Uno de estos acusados, de origen colombiano, reconoció los hechos en febrero de este año y aceptó seis años de cárcel. El segundo de los acusados es el ahora condenado, Alejandro N. V., de 25 años.
Este joven, que ha estado representado por el abogado madrileño Javier Fernández Escamilla, de Just Law Abogados, estaba acusado de recoger un vehículo Seat Ibiza en un camping de Valladolid el 23 de junio de 2016 que le entregaron otros dos individuos ya enjuiciados. Ese mismo día Alejandro N. V. llevó el coche hasta la localidad de Alovera, Guadalajara. No fue hasta el 4 de julio de 2016 cuando Alejandro N. V. se vio con otro individuo -también condenado con anterioridad- introdujo una bolsa de plástico en un hueco del coche. Luego, llevaron el vehículo hasta una gasolinera en Madrid y se lo entregaron a los dos individuos que la Guardia Civil interceptó tras pasar el peaje del Huerna y que traían la droga a Asturias. Según la sentencia, no está acreditado que Alejandro N. V. supiese que el coche que condujo contuviese droga alguna, por lo que le considera cómplice y no autor, tal y como defendió su abogado en el juicio.
