Los afectados por el cierre de la clínica iDental han presentado esta semana ante Fiscalía en Oviedo una demanda contra un amplio listado de cargos públicos por lo que, consideran, "un caso claro de dejadez de funciones". Este documento, según explican desde la asociación de las víctimas asturianas, se está presentando también a nivel nacional. "Todos los grupos de afectados de España están haciendo lo mismo porque desde todos los estamentos nos están dando largas y estamos hartos", concretó Agustín Fernández, del grupo regional.

En el documento figuran a nivel local los ediles Eva Illán y Fernando Couto y la alcaldesa Carmen Moriyón. En el ámbito regional, se acusan también a Francisco del Busto (consejero de Sanidad), al presidente Javier Fernández y a varios directores regionales con competencias sanitarias. A nivel estatal se acusa a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo; a la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Isabel Lima y al secretario de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco, entre otros.

La decena de implicados, según se recoge en el documento, han incurrido en una "dejadez institucional" que "traerá consecuencias mucho más graves para los afectados". "Estamos como el primer día en cuanto a salud se refiere y empeorando día a día por el deterioro", recoge también el documento. El informe pone también de manifiesto que los problemas de los estafados van más allá del estado de sus bocas. Explican que tienen "infecciones constantes, problemas de alimentación, rechazos y expulsiones de implantes y roturas de prótesis", sí, pero también "problemas importantes por depresiones" y patologías de carácter psíquico que "han llegado incluso hasta el suicidio de compañeros".

Por otra parte, la asociación asturiana aseguró también ayer que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado inspeccionar el cierre de los centros de iDental, lo que supone un paso más en una investigación que a los afectados se le está haciendo "eterna". Esta semana, sin embargo, el grupo también ha conseguido llegar a un acuerdo con el Colegio de Odontólogos en Asturias, al que habían criticado su "falta de colaboración" y que, ahora, se ha comprometido a dejar de hacer las valoraciones impuestas por Sanidad (que no sirven como prueba jurídica) y avisar a sus colegiados que la asociación busca voluntarios para sus peritajes.