Un marroquí de 32 años acusado de pertenecer de forma activa a una banda criminal que distribuía cocaína y hachís en diferentes bares de Gijón afronta una pena de siete años de cárcel -seis por un delito contra la salud pública y otro por pertenencia a grupo criminal- y el pago de una multa de 50.000 euros. En este procedimiento, originado tras una operación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas en Gijón en 2016, otras catorce personas -la mayoría oriundos del reino alauita- fueron juzgadas ya hace un año, de las que dos salieron absueltas y el resto aceptaron penas de entre dos y cinco años de cárcel.
Este individuo, según consta en el escrito de acusación del ministerio fiscal, formaba parte de un grupo criminal dedicado a la venta de estupefacientes en bares de la ciudad. En concreto, se encargaba de la venta y distribución de cocaína y hachís en un establecimiento hostelero de la calle La Mancha.
La investigación policial constató, prosigue el relato de acusación, que el procesado estaba en contacto directo con uno de los líderes del grupo. Además, fruto del seguimiento y vigilancia de los investigadores, fue sorprendido el 8 de julio de 2016 en plena venta de droga. En concreto, se le vio entrar hasta en cuatro ocasiones dentro del bar para luego salir y acudir hasta su coche, un Renault Laguna, que estaba estacionado frente al bar. Allí recogía la droga, en la guantera, y volvía poco después al bar para vender la droga a los clientes. Los compradores, explica el fiscal, salían del establecimiento tras comprar la droga, quedando claro que por el breve espacio de tiempo que pasaban dentro del local se hacía imposible que hubiesen podido tomar consumición alguna. "La presencia real de los clientes en el bar tenía la finalidad real de adquirir la droga al acusado", explica el escrito de acusación.
Ahora, este individuo se sentará el próximo 15 de mayo en el banquillo de los acusados ante el tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial. En su caso, a los siete años de cárcel y la multa de 50.000 euros -más un día de privación de libertad por cada mil euros impagados-, y dada su condición de ciudadano marroquí, la Fiscalía solicita su expulsión de España una vez cumpla condena.
Operación policial
Operación policialLa investigación policial permitió llevar ante el juez a catorce personas, incluido este individuo. Doce de ellos llegaron a un acuerdo con el fiscal y se repartieron, según su implicación en la red, penas que iban de los dos a los cinco años de cárcel. En suma, los investigadores llegaron a intervenir 23.502 euros de hachís y 7.175,68 euros de cocaína.
