"No mantuvimos relaciones". El joven de 25 años acusado de abusar sexualmente de una menor de edad a la que había conocido a través de la red social Instagram negó ayer todos los cargos que pesan contra él y defendió su inocencia al declarar ante el tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, durante el juicio, que se celebró a puerta cerrada.

El procesado, que se enfrenta a tres años y seis meses de cárcel, confirmó que conocía a la ahora denunciante. Incluso, que había estado con ella el día de autos, pero negó tajantemente que mantuviesen cualquier relación sexual tal y como mantiene la joven. Es por ello que su abogado solicitó la libre absolución de su cliente una vez concluyeron todas las declaraciones.

En cambio, la joven denunciante, que ayer declaró oculta tras un biombo, ratificó su versión inicial de los hechos. Es la misma en la que se apoya el Ministerio Fiscal, que sostiene procesado y denunciante, una adolescente de 15 años, se conocieron a través de Instagram y que establecieron una cita.

El encuentro entre ambos, explica la Fiscalía, tuvo lugar a la una de la madrugada del 5 de mayo de 2018 en un telecentro de la localidad de Carreño. El acusado acudió en coche a la cita y la invitó a subir. "La menor se subió de forma voluntario al vehículo del acusado y él condujo hasta el aparcamiento de un polideportivo, que en esos momentos estaba vacío", sostiene el Ministerio Fiscal. Una vez allí, ante la negativa de la menor a realizarle una felación, "el acusado la conminó para que le masturbase, accediendo la menor, inquietada por la situación en la que se encontraba", añade el fiscal. Tal cual lo relató la menor ayer ante el tribunal.

Abuso sexual

Durante el juicio también declararon varios peritos y el procedimiento quedó visto para sentencia. Tanto la acusación particular como la Fiscalía elevaron a definitivas sus conclusiones iniciales. Solicitaron la condena para el acusado por un delito de abuso sexual cometido contra una menor de dieciséis años. Piden tres años y medio de cárcel y otros cinco de alejamiento a más de 500 metros del domicilio o cualquier lugar en el que se encuentre la joven, con la que tampoco podrá comunicarse por medio alguno. Además, solicitan el pago de una indemnización de 2.000 euros.

Al tiempo de privación de libertad, se suma la petición de otros cinco años de libertad vigilada para el joven, que de ser condenado deberá cumplir una serie de requisitos, tal y como defiende la Fiscalía. Normas como informar de cualquier cambio de domicilio, la prohibición de comunicarse con la denunciante, la prohibición de desempeñarse determinadas actividades que puedan facilitarle la ocasión de cometer hechos similares y participar en programas formativos.