El centro especial de empleo APTA ha vuelto a enviar este mes al paro a los 21 discapacitados psíquicos que desde diciembre del año pasado había podido recuperar de la regulación de empleo gracias a un programa de becas del Ayuntamiento de Gijón. El Ayuntamiento abonó a APTA la ayuda correspondiente al mes de diciembre. Nada más. Después de cuatro meses sin recibir los fondos correspondientes a 2019 y sin que se haya firmado el convenio que lo garantice, los trabajadores han vuelto para sus casas.

El programa CADI, en base al que se conceden las becas para que esos trabajadores de Apta realicen labores de mantenimiento para asociaciones de la ciudad, fue respaldado por unanimidad por el pleno municipal. El mismo tendría que permitir ofrecer una ocupación a parte de los trabajadores con mayor grado de discapacidad.

APTA esperaba recibir las ayudas municipales el pasado mes de marzo. Después de haber abonado una nómina de este año a los becados, de que estos siguieran trabajando los tres meses siguientes sin cobrar, y sin la firma del convenio, la dirección del centro optó por suspender el programa hasta recibir el dinero.

La empresa, que se encuentra en una delicada situación económica y sobreviviendo gracias a las reservas que dejó la Fundación Once cuando se salió del accionariado, no ha adelantado más salarios a los 21 trabajadores. Eso fue lo que hizo con el anterior programa municipal, el OCA, que se aplicó en 2017 para el mismo fin pero mediante otra articulación jurídica. Aquel programa le costó 100.000 euros a APTA, después de que el Principado vetara las ayudas municipales comprometidas al ser incompatibles con las subvenciones que otorga cada año el Principado y que permiten abonar la mayor parte del salario a los trabajadores discapacitados. Sin que se haya firmado aún el nuevo convenio con el Ayuntamiento, la empresa no quiere arriesgarse que pudiera volver a ocurrir lo mismo.

El presidente de la Asociación de Padres y Tutores de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo, propietaria de APTA, Joaquín Fernández, se reunió el jueves de la semana pasada con la concejala de hacienda del Ayuntamiento de Gijón, Ana Braña, para transmitirle su preocupación. Desde el gobierno local se ratificó la intención de firmar el convenio, que permitiría volver a dar ocupación a los 21 discapacitados.