El sindicato USIPA señaló ayer que "quien va a determinar si existe o no prevaricación es la judicatura", sobre las resoluciones y nombramientos "supuestamente ilegales en opinión de nuestros servicios jurídicos" que el Ayuntamiento emitió "por orden expresa de Ana Braña". El sindicato planteó denunciar a la edil de Hacienda por nombramientos y ceses arbitrarios de personal y las sucesivas anulaciones de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. La edil se defiende con informe de técnicos municipales, que USIPA le pide que haga públicos.

Desde el sindicato también se llama la atención sobre el hecho de que "uno de los informes referenciados es emitido por Recursos Humanos, cuya jefa, directamente afectada por la sentencia, fue nombrada por libre designación, es decir, a dedo, ni siquiera es licenciada en derecho y no cumple con los requisitos que se supondrían necesarios para cubrir esa plaza".