Precariedad laboral, alquileres abusivos, recursos escasos. Un cóctel que ha hecho que muchas familias en Gijón se enfrenten al drama de no disponer de una vivienda digna y que se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de las entidades sociales en la ciudad. Por ello, el clamor es unánime: "hay que facilitar el acceso a espacios dignos porque lo primero son las personas, y sin eso no podemos avanzar en la acción social", recalca José Antonio García Santaclara, de la Fundación Siloé, quien recuerda a las administraciones que aún faltan por poner en marcha cinco viviendas más del programa "housing first", una acción "fundamental" para sacar de la calle a personas que no disponen de recursos y que se encuentran en situaciones prolongadas de calle.
Pero no sólo eso. Las medidas deben ser más y urgentes, porque cada vez alcanzan a más familias que hasta hace poco estaban "normalizadas". Tal y como indica Cristina Avella, directora del Albergue Covadonga, "a diario vemos las dificultades de las personas que participan en nuestros recursos para acceder a pensiones o alquilar habitaciones por el elevado costes o los impedimentos o dificultades para reunir avales o fianzas, toda vez que son perceptores de subsidios, salario social o pensiones". Una barrera para ellos porque "existe mucha discriminación, poca gente está dispuesta a alquilar vivienda a personas que perciben el salario social", denuncian las entidades.
Por otro lado, en Gijón y en verano los precios se incrementan justo en un momento en el que más trasiego de personas sin hogar se registra en busca de trabajos temporales, y "no pueden alquilar", lamenta Avella, quien añade otra perversión más del sistema: "no siempre pueden empadronarse en estos alojamientos, lo que dificulta a su vez la solicitud de Salario social básico". Un círculo vicioso que está llevando a muchas familias a buscar alojamiento en recursos como el Albergue, donde "se ha producido un incremento desde noviembre sobre todo de familias de Ucrania o Venezuela pendientes de alojamiento de ACCEM, solicitantes de asilo político", resume la directora.
En el caso de Cáritas, también se urge una actuación rápida para mejorar la situación de quienes no disponen de una vivienda, con cuatro grandes preocupaciones de cara al futuro: "las personas migrantes en situación irregular, porque no tienen derechos garantizados; las familias con hijos a cargo, porque corren mayor riesgo de caer en la exclusión; las familias monoparentales, porque tienen mucha dificultad para la conciliación, y el retraso en la renovación el Salario Social cuando ya han encontrado un trabajo temporal y vuelven al paro". A ello se suma "el empleo precario que hace que, a pesar de tener un trabajo, éste no garantiza salir de la exclusión", habida cuenta de que las ayudas no alcanzan para costear los alquileres que necesitan para dignificar su situación.
Héctor Colunga, de Mar de Niebla, lo tiene claro. "La vivienda debe ser una prioridad para los políticos; sólo así la gente podrá salir a flote". Con programas como el "housing first" y con "ayudas decididas a quienes tienen pocos recursos; las administraciones deben actuar de forma urgente y poner el debate sobre la mesa".
