El último miembro de un grupo criminal dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes en bares de Gijón aceptó esta mañana una pena de dos años de cárcel -un año y medio por un delito contra la salud pública y otros seis meses por pertenencia a grupo criminal- y el pago de una multa de 50.000 euros después de que su defensa alcanzase un acuerdo con el Ministerio Fiscal, que rebajó su petición inicial de siete años al apreciar la atenuante muy cualificada de drogadicción, durante la vista oral que se celebró esta mañana en la sección octava de la Audiencia Provincial.
El procesado se encontraba en prisión preventiva por esta causa y llegó del Centro Penitenciario de Asturias para ser juzgado. Este individuo, natural de Marruecos y de 32 años, se había ausentado del juicio por esta misma causa que se señaló el año pasado. Esa ausencia motivó que se decretase una orden de busca y captura e ingreso en prisión. No obstante, su abogado, tras el acuerdo de las penas privativas de libertad, solicitó su puesta en libertad provisional, algo a lo que no se opuso el Ministerio Fiscal y que aceptó el tribunal de la sección octava de la Audiencia. No obstante, deberá regresar a prisión a lo largo del día para que conste luego su puesta en libertad.
Tráfico de drogas en la calle La Mancha
Este individuo, según consta en el escrito de acusación del ministerio fiscal, formaba parte de un grupo criminal dedicado a la venta de estupefacientes en bares de la ciudad. En concreto, se encargaba de la venta y distribución de cocaína y hachís en un establecimiento hostelero de la calle La Mancha.
La investigación policial constató, prosigue el relato de acusación, que el procesado estaba en contacto directo con uno de los líderes del grupo. Además, fruto del seguimiento y vigilancia de los investigadores, fue sorprendido el 8 de julio de 2016 en plena venta de droga. En concreto, se le vio entrar hasta en cuatro ocasiones dentro del bar para luego salir y acudir hasta su coche, un Renault Laguna, que estaba estacionado frente al bar. Allí recogía la droga, en la guantera, y volvía poco después al bar para vender la droga a los clientes. Los compradores, explica el fiscal, salían del establecimiento tras comprar la droga, quedando claro que por el breve espacio de tiempo que pasaban dentro del local se hacía imposible que hubiesen podido tomar consumición alguna. "La presencia real de los clientes en el bar tenía la finalidad real de adquirir la droga al acusado", explica el escrito de acusación.
En esta causa otras catorce personas fueron juzgadas y doce de ellas condenadas por un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal a penas de entre dos y cinco años de cárcel.
