Más de dos años después de que una sucesión de escraches abocase a la pastelería La Suiza al cierre, los dueños del negocio han conseguido llevar ante el juez a los supuestos responsables, que en su día acusaron al dueño de un delito de abuso sexual cometido contra una empleada -procesada en esta causa- que finalmente se archivó por falta de pruebas. Ocho sindicalistas de la CNT (o afines) se sentarán ahora en el banquillo de los acusados para responder de un delito de coacciones que les atribuye el ministerio fiscal; siete de ellos, además, afrontarán penas de cárcel por un presunto delito contra la Administración de Justicia. Piden para ellos, en suma, penas de hasta dos años y medio de prisión y el pago de una indemnización de 60.000 euros que, en el caso de no abonarlos las personas encausadas, deberá ser el propio sindicato, en su vertiente gijonesa, quien asuma esa responsabilidad civil por los daños morales y económicos ocasionados a los dueños de La Suiza. La familia Álvarez Meana, propietarios de la pastelería, ejerce a su vez la acusación particular, en la que eleva hasta los 600.000 euros la indemnización por el cierre y les atribuye otros siete delitos más como injurias, amenazas o usurpación de identidad, entre otros. Los acusados ultiman el escrito de defensa.
El origen de este conflicto entre el sindicato y el maestro pastelero gijonés José Álvarez Rodríguez se remonta, según el relato del ministerio fiscal, al 15 de junio de 2016, cuando una empleada de La Suiza avisó a su pareja sentimental para que fuese a recogerla para llevarla al hospital, pues se encontraba con molestias por su embarazo. Cuando el novio llegó se dirigió a voces al dueño del negocio antes de propinar un puñetazo a un armario congelador del local causando desperfectos. Mientras la trabajadora cogía la baja laboral por riesgo de aborto -estuvo de baja hasta mayo de 2017, no volviendo a trabajar más allí-, el pastelero presentó denuncia por amenazas y daños contra la pareja de ella.
A sabiendas de la situación, prosigue el fiscal en su escrito de acusación, la mujer contactó con el sindicato CNT en abril de 2017 con un doble objetivo: "obtener el mayor dinero posible de la extinción por ella pretendida de su relación laboral con La Suiza" y, por otro, "evitar la acusación contra su pareja". Se reunió con seis miembros de la CNT, hoy acusados, que acordaron "iniciar una campaña de presión contra José Álvarez y su familia con el objeto de que cediera a las presiones económicas de su empleada y que retirasen la denuncia" contra la pareja de ella.
Desde la CNT trataron de reunirse con el maestro pastelero, pero en todo momento él les remitió a sus abogados. Así las cosas, siempre de acuerdo con el relato de Fiscalía, acudieron a La Suiza para hablar con José Álvarez, que volvió a remitirles a su letrado. Ya ese día, 25 de abril de 2017, tuvo lugar la primera concentración con pancartas delante de la pastelería, ubicado entonces en la avenida de Schultz.
Cierre del negocio
A ese primer escrache fue una sucesión de movimientos contra La Suiza. Decidieron grabar un vídeo en el que se tratase como acosador sexual al empresario, llevaron a cabo una pegada de carteles por toda la ciudad en los mismos términos -la trabajadora llegó a denunciar al pastelero por abuso sexual, en una causa que fue sobreseída- e iniciaron una campaña de desprestigio contra el negocio a través de las redes sociales. También se sucedieron hasta quince concentraciones -la mayoría de ellas de entre 50 y 80 personas a la puerta de la pastelería- desde el origen del conflicto hasta el 19 de septiembre de 2017. La de ese día fue la última "al haber conseguido los acusados uno de sus objetivos, que la familia cerrara el negocio en Gijón", explica el fiscal.
En lo relativo a las coacciones hay otro ejemplo que destaca la Fiscalía. El 4 de mayo de 2017 tuvo lugar una reunión entre José Álvarez, acompañado por su hijo Pablo y su abogado, y dos de los acusados de la CNT. Allí, los sindicalistas le exigieron el pago de 6.039 euros a la empleada como indemnización y que retirasen la acusación formulada contra el novio de la extrabajadora por los daños causados y las amenazas. Al día siguiente, la familia pastelera se negó a aceptar. Como consecuencia, los sindicalistas acusados "decidieron incrementar las acciones de boicot y presión hacia el negocio, buscando que al final José Álvarez cediera y se aviniera a sus razones".
Todo cesó, por parte de la CNT, con el cierre de La Suiza, que fue "consecuencia directa de la presión constante, reiterada y desproporcionada" ejercida por el sindicato. Las concentraciones ante el negocio "generaron un clima de insostenible inquietud, intranquilidad e inseguridad" tanto en la familia Álvarez Meana como en la clientela, que dejó de frecuentar el local debido a "las numerosas molestias que se les ocasionaba cuando acudían al local". "Algunos clientes fueron increpados, reprochándoles cooperar con un presunto acosador", añade el fiscal.
En base a todo el relato, el ministerio fiscal atribuye a los ocho acusados un delito de coacciones graves por el que interesa, para cada uno de ellos, una pena de catorce meses de prisión. Además, para siete de los procesados exige también condena por un delito contra la Administración de Justicia por el que solicita 18 meses de cárcel y el pago de una multa de 2.880 euros para cada uno de ellos. Además, pide indemnizar con 60.000 euros a José Álvarez por los daños morales generados.
La acusación particular, ejercida por la familia, eleva sus pretensiones y les atribuye más delitos, tal y como recoge la jueza instructora en el auto de apertura de juicio oral. Además de aplicar la agravante de abuso de superioridad, les atribuye los delitos de injurias graves, calumnias con publicidad, usurpación de identidad, delito continuado de coacciones, delito contra la integridad moral y amenazas. El juicio espera fecha.
