30 de mayo de 2019
30.05.2019

La Audiencia ve abusivos los precios de alquiler en el puerto deportivo de Marina Yates, en Gijón

La liquidación de las cantidades cobradas de más por la concesionaria se realizará en ejecución de sentencia

30.05.2019 | 18:01
Puerto deportivo de Marina Yates, en los muelles de La Osa, en El Musel.

La Audiencia Provincial ha declarado abusivos los precios fijados por la empresa que explota las instalaciones deportivas del dique de Levante de los Muelles de la Osa del puerto de El Musel, en Gijón, por el alquiler de locales al considerar que contravienen las tarifas en vigor que la Autoridad Portuaria aprobó en el año 2009.

Los magistrados de la Sección Octava de la Audiencia, con sede en Gijón, han confirmado así la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gijón que, el pasado 22 de enero, había dado la razón a la mercantil 02 Inmersiones S.L. en su demanda frente a la empresa Contratas Piñera S.A., concesionaria administrativa de la explotación de la instalación náutico-deportiva.

Inmersiones SL, representada por el abogado Gonzalo Botas, demandó a la concesionaria al sostener que pagaba por el alquiler de un local de 82 metros cuadrados en el dique de Levante 595 euros al mes, más IVA, cuando las tarifas en vigor, aprobadas por la Autoridad Portuaria, establecen, en función de los metros cuadrados, que debía abonar 336 euros, más IVA.

Contratas Piñera recurrió el fallo en apelación y el tribunal, en una sentencia dictada el pasado 16 de mayo, ha ratificado la resolución por la que le condena a devolver a Inmersiones S.L. las cantidades cobradas de más desde el 1 de junio de 2005 hasta mayo de este año.

La liquidación de las cantidades cobradas de más por la concesionaria se realizará en ejecución de sentencia, según ha acordado el tribunal, ya que al total resultante habrá de descontar el importe de la limpieza de los vestuarios, duchas y aseos, al tratarse de un servicio común del puerto deportivo al que tienen acceso todos los usuarios de las instalaciones.

El tribunal descarta que exista un contrato de arrendamiento mixto, como alegaba Contratas Piñera S.A., y mantiene que se trata de un arrendamiento de local, en el que se estipula una renta superior a la administrativamente permitida y sin que se justifique el incremento por la prestación de otro servicio, lo que le lleva a confirmar la sentencia apelada.

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